"Los ladrones creen en la propiedad; lo malo es que les inspira un excesivo amor."
G.K. Chesterton
Este primero de abril el Gobierno del Distrito Federal comenzó su primer proceso de extinción de dominio. Pero en lugar de hacernos sentir más protegidos a los ciudadanos, nos hace estar más amenazados que nunca.
El Gobierno capitalino quiere quedarse, sin indemnización, con el Hotel Madrid de la zona de La Merced. ¿La razón? El hotel se utilizaba para actos de prostitución.
Mucho han afirmado las autoridades que las leyes de extinción de dominio se utilizarán para castigar al crimen organizado y que los ciudadanos respetuosos de la ley no tenemos por qué temer.
El proceso en contra de los propietarios del Hotel Madrid nos dice todo lo contrario.
Para empezar, la prostitución no tiene por qué ser un delito. La combaten algunos gobiernos moralistas, pero no un Estado moderno y laico.
Cada mujer debe ser libre de hacer lo que quiera con su cuerpo.
Nos dicen las autoridades capitalinas que en este caso sí hay delito que perseguir ya que algunas de las prostitutas eran menores de edad.
Según la información publicada, 28 personas fueron detenidas en una redada en la Merced el pasado 13 de marzo por operar una red de prostitución con 45 mujeres, de las cuales cinco eran menores.
Si había menores de edad en el grupo, efectivamente hay un delito, aun cuando las chicas mismas afirman que ejercían la prostitución de manera voluntaria y se mostraron sorprendidas por la acción de la Policía que supuestamente las "liberó".
El Gobierno de Marcelo Ebrard, sin embargo, ha decidido probar su nueva ley de extinción de dominio no en contra de los lenones o de los policías o funcionarios que probablemente protegían la operación sino del hotel cuyo pecado fue alquilar habitaciones.
Es absurdo hacer al dueño de un hotel responsable de lo que ocurre en el interior de los cuartos.
Si alguien debe ser objeto de una acción judicial en este caso es quien haya ejercido el lenocinio con una menor.
Trasladar la responsabilidad a quien de manera legítima alquila una habitación a un tercero es colocar a buena parte de la sociedad en una situación de inseguridad jurídica.
Los gobiernos perredistas del Distrito Federal han mostrado una tendencia moralista que sorprende a quienes son realmente de izquierda. Dolores Padierna, cuando era delegada en Cuauhtémoc, hostigó a los lugares de table-dance, pero el actual Gobierno de Marcelo Ebrard los ha perseguido de manera más intensa.
Al parecer considera un pecado mostrar un espectáculo erótico.
Hoy el Gobierno capitalino intensifica su ofensiva moralista con una nueva, pero poderosísima arma: la ley de extinción de dominio. Pero no ataca a quienes cometen un delito, sino a quienes han ejercido el negocio lícito de la hotelería.
Tanto el director jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, como el secretario general del PRI, el senador Jesús Murillo Karam, me aseguran que la nueva ley federal de extinción de dominio, aprobada por el Senado el 3 de abril, no tiene los visos autoritarios de la capitalina.
Si el dueño de un inmueble demuestra que lo emplea para un propósito legítimo, como la hotelería o el alquiler de vivienda, no se procederá en su contra. Esperemos que así sea.
Pero la forma en que el Gobierno del Distrito Federal está aplicando su ley de extinción de dominio debe precavernos a los ciudadanos sobre la posibilidad de que la nueva ley se convierta, en lugar de un arma de combate a la delincuencia, en un nuevo instrumento de abuso de la autoridad a los ciudadanos.
El futuro ya nos alcanzó. Los años de negligencia de los gobiernos capitalino y federal han llevado a lo inevitable.
Esta Semana Santa se recortará el 100 por ciento del suministro de agua del sistema Cutzamala a la ciudad más grande del país. La escasez del líquido, sufrida durante años, está a punto de convertirse en tragedia.
