"Esperamos que renuncies antes de convertir
Tu vida en un verdadero escándalo."
Correo electrónico dirigido a Luis Téllez
El secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Luis Téllez, tomó una decisión sin precedentes este 17 de febrero al dar a conocer públicamente que está siendo objeto de un chantaje en que se le amenaza con difundir nuevas grabaciones de sus conversaciones telefónicas a menos de que renuncie a su cargo.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha presentado una denuncia por la grabación ilegal y difusión de varias conversaciones telefónicas. Una de ellas, presuntamente grabada por una mujer de nombre Diana Pando y dada a conocer en el programa de radio de Carmen Aristegui, exhibía a Téllez al afirmar que Carlos Salinas de Gortari "se robó la mitad de la cuenta secreta" de la Presidencia. El propio Téllez ha reconocido que sí dijo lo que registra la grabación, en una plática informal y privada, pero que no tiene en realidad pruebas del destino de esa partida secreta. Otras ocho grabaciones, divulgadas en la revista electrónica Reporte Índigo, incluyen conversaciones del secretario sobre la Cofetel, el Servicio Postal Mexicano y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En un principio la denuncia de la SCT presentada ante la PGR era contra quien resultara responsable por las grabaciones. Este 17 de febrero, sin embargo, el director jurídico de la Secretaría, Gerardo Sánchez Henkel, señaló: "Hoy ampliamos la denuncia por la intervención ilícita de comunicaciones privadas del secretario de Comunicaciones y Transportes. Hoy nos querellamos en contra de la ciudadana Esperanza Purificación Carpinteyro Calderón." Según el funcionario, la SCT cuenta con pruebas que involucran a la ex subsecretaria de Comunicaciones en estas grabaciones y que deberán ser evaluadas por el Ministerio Público.
Purificación Carpinteyro renunció el 2 de febrero a su cargo como subsecretaria por "diferencias irreconciliables" con el secretario Téllez. Ayer, 18 de febrero, hablé con ella y me dijo que no tenía conocimiento de que la SCT hubiera presentado una querella en su contra. Le leí las declaraciones del director jurídico de la SCT. Ella señaló: "Si el licenciado Sánchez Henkel efectivamente me nombró a mí como responsable, creo que tiene un problema, porque eso puede ser obviamente una difamación que va a tener de alguna manera que limpiar cuando se compruebe que obviamente no tengo nada, en efecto
Habrá que ver cuáles son esas pruebas que Sánchez Henkel ha presentado a la PGR y que presuntamente involucran a Carpinteyro en la grabación ilícita de conversaciones. Pero habrá que preocuparse también de las amenazas en contra del secretario para obligar a su renuncia.
Si la afirmación del director jurídico de la SCT resulta cierta y Carpinteyro es realmente la persona que ha grabado al secretario y ha divulgado sus conversaciones, el asunto será relativamente fácil de resolver. Pero si Carpinteyro está diciendo la verdad y no tiene nada que ver con esas grabaciones, entonces el asunto puede ser muy complicado, ya que será mucho más difícil saber de dónde están llegando las amenazas.
La SCT ha señalado que no habrá más declaraciones sobre este caso. En otras circunstancias, si solamente se hubiera registrado una extorsión o un intento de extorsión en contra del secretario, el silencio podría ser razonable. Pero una vez que se ha lanzado una acusación tan grave en contra de una ex funcionaria, el silencio se vuelve no sólo sospechoso sino inaceptable. Parecería que la SCT está lanzando una piedra y escondiendo la mano.
Reitero la posición que señalé en mi artículo "Grabaciones" el 16 de febrero. No encuentro nada ilegal en las conversaciones que he escuchado del secretario Téllez. Pero tampoco tengo hasta el momento ninguna información que me permita suponer que la acusación lanzada en contra de la ex subsecretaria es algo más que una calumnia. Hoy más que nunca es importante que el asunto se maneje con transparencia y responsabilidad.
Al parecer el presidente Calderón ha dado a los funcionarios de su Gobierno la nada fácil tarea de minimizar la violencia en el país para demostrar que México no es un Estado Fallido. Este 16 de febrero el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, culpó "a algunos medios de comunicación" del "deterioro de la imagen del país" por dar demasiada importancia a la información sobre el crimen organizado. Ese mismo día la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, declaró ante el ministro del Exterior de Irlanda, Michael Martin, que "los hechos delictivos se ubican en Baja California, Chihuahua y Sinaloa". La realidad, sin embargo, es testaruda. Un día después hubo enfrentamientos en Reynosa, con un saldo de cinco muertos, y en Torreón, con ocho. Pero Reynosa está en Tamaulipas y Torreón en Coahuila, y no en algunos de los tres estados en los que supuestamente está circunscrita la violencia.
