Un año después de aprobarse por la Cámara de Diputados una reforma que reglamenta a las firmas outsourcing, es decir las que operan como externas para servicios de otras empresas, el Senado aprobó un dictamen para pasarla
Congelada a presión de la cúpula empresarial, bajo la nueva perspectiva se eliminan las objeciones planteadas por ésta, la principal de las cuales hablaba de fincar responsabilidades a las contratantes por las violaciones laborales cometidas por las contratadas.
A cambio, se le exige a las primeras entregar un informe trimestral al Instituto Mexicano del Seguro Social para verificar si se cumple con la inscripción de los trabajadores.
Sin embargo, el común denominador habla no sólo de omitir la inscripción de los trabajadores a éste sino al Infonavit y Sistema de Ahorro para el Retiro, además de las prestaciones mínimas previstas por la Ley Federal del Trabajo.
De hecho, aunque la iniciativa que apuntó a reformar la Ley del Seguro Social la planteó un diputado príista, la mano que mece la cuna se ubicó en el propio organismo tripartita, en un escenario en que la mayoría de las firmas actúan como fantasmas, cambiando constantemente de domicilio.
La paradoja del caso es que en su defensa frente a la exigencia de meter orden, las empresas, y de pasadita los organismos empresariales, se desgarraron las vestiduras, señalando que se estaba satanizando una actividad que le ofrece competitividad al país.
De hecho se habla, a contrapelo de los datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano de que hasta el primer semestre del año pasado, cuando se inició la ofensiva del Congreso, se creaba un promedio de 110 mil empleos mensuales bajo el esquema, de una raquítica presencia en el país.
El sector, argumentaban, representa apenas unos siete mil millones de dólares al año, en una perspectiva que podría alcanzar hasta 10 tantos más.
Según ello, pues, en el abanico caben desde el mantenimiento y desarrollo de sistemas hasta la administración informática de una empresa, pasando por los llamados call center, es decir centrales telefónicas que ofrecen información, ventas o servicios a cualquier parte del mundo.
Incluso se sostiene que la ventana podría alargarse al infinito, dados los bajos sueldos en México, en un escenario en que se considera al país como la cuarta potencia del planeta en tecnología de la información, después de China, la India y Brasil.
De entrada, por ejemplo, mientras un ingeniero en sistemas cobra un mínimo de 25 mil pesos en cualquier país, aquí se le puede contratar con 10 mil, frente a los ocho o seis que se le pagan en la India.
En paralelo, las empresas reducen significativamente sus costos al dejar en manos de un tercero tareas que no son la parte central del servicio o producto que ofrece, por ejemplo tecnologías de la información, la nómina o la contabilidad.
De acuerdo a un estudio realizado por la empresa KPMG, las ciudades de Guadalajara y Monterrey están entre las primeras del mundo en materia del outsourcing o procesos de negocios.
Sobreregular la actividad podría ser contraproducente para el país, considerando que la India está llegando a su punto de saturación; China está perdiendo competitividad, y Brasil plantea un escenario similar al de México.
El problema es que en la coyuntura las empresas han abusado del esquema, contratando, por ejemplo, a firmas externas para realizar trabajos de alto riesgo, en afán de eludir responsabilidades.
El caso más significativo es el del Grupo Minera México, que contrató a una outsourcing que a su vez subcontrató a los trabajadores que operaban la mina Pasta de Conchos. Más allá, se da el caso de que firmas multinacionales crean sus propias outsourcing para colocar parte de la nómina
Adicionalmente, muchas de las empresas no sólo saltan de una a otra razón social para eludir al fisco, sino colocan al frente a empleados menores que no tienen capacidad de respuesta frente a los reclamos.
Se diría, pues, que en su prisa por legislar al cuarto para las 12 del fin del primer periodo ordinario, los senadores están frente a un dilema: soslayar el cumplimiento de la ley para no afectar una actividad productiva, o apretar las tuercas contra los que pescan a redes llenas en el río revuelto.
Águila o sol.
A la callada, hace unos días visitó el país el Canciller de Canadá, en uno de cuyos puntos de la agenda estaba la exploración del caso Napoleón Gómez Urrutia.
El funcionario se entrevistó con las dos partes.
Desde un ángulo, el gobierno señaló que si bien el sindicato minero había logrado el desvanecimiento de una de las órdenes de aprehensión que pesaban en contra de su dirigente sin reconocimiento oficial, las otras dos seguían vigentes.
En consecuencia, está viva la solicitud de extradición.
De hecho, siguen en prisión dos de los implicados en los presuntos ilícitos: Juan Linares Montúfar y Gregorio Pérez Romo, el primero dirigente sindical y el segundo chofer de Gómez Urrutia.
La acusación concreta contra éste habla de realizar operaciones bancarias para desviar parte de los 55 millones de dólares que debían prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea a cuentas personales de su jefe y sus familiares. La versión del sindicato, naturalmente, insistió en que ya no hay delito que perseguir.
HÁGASE LA AUSTERIDAD Mientras el gobierno le exige a la población apretarse el cinturón para resistir la época de vacas flacas, al interior de él la cosa es al revés. Hete aquí que el gasto corriente del sector público resultó 26 por ciento mayor a la recaudación tributaria, lo que obligó a utilizar recursos petroleros para financiar la diferencia.
Se diría que el sexenio actual calca a la letra el esquema foxista.Lo grave del caso es que sólo la nómina representa el 61 por ciento del total de los ingresos tributarios del país.Más aún, el rubro de servicios personales representó el 30.2 por ciento del gasto total y el 48.4 del gasto corriente.
Gobierno rico, país pobre.
BOMBA DE TIEMPO
Hace dos días se cumplieron 17 años de la trágica explosión en el Sector Reforma de Guadalajara, provocada por una fuga de gasolina de Petróleos Mexicanos que contaminó el drenaje, sin que hasta el momento se haya cumplido con la eliminación de otro foco que representa un peligro latente: el gasoducto de gas LP que cruza la ciudad.
El ducto denominado LPG14-Periférico de Pemex Gas fue descalificado hace cuatro años por un estudio realizado por el Instituto Batelle. El estudio, paradójicamente realizado a petición de la propia paraestatal, señalaba a la letra que "se debe cerrar la Terminal de Abastecimiento y Distribución Satélite-Zapopan y poner fuera de servicio el LPG de 14 pulgadas en el tramo Puente Grande Terminal-Satélite".
La bomba de tiempo, pues, está activada.
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