Hace dos semanas el coordinador del Subcomité Técnico del Agua de los Fondos Metropolitanos, expuso ante el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sostenible de la Región Lagunera los ocho proyectos mediante los cuales se pretende estudiar la problemática del agua, cuestión que en general debemos apoyar los laguneros.
Ciertamente, esta atención a la problemática regional del agua surge como producto de un proceso de expresión de diversos sectores de la población, debido a la preocupación cada vez más generalizada por la contaminación que evidentemente presenta el líquido extraído del acuífero granular principal, fuente básica de abasto de más de un millón de habitantes, de las empresas agropecuarias, industriales y demás usos.
Lamentablemente, este problema de calidad del agua es conocido desde hace más de tres décadas y sólo había tenido una respuesta parcial y temporal del Gobierno, como sucedió en los años ochenta del siglo pasado cuando se instalaron equipos de ósmosis inversa en algunas comunidades rurales donde se había manifestado gravemente por sus daños en la salud pública, debidamente documentado por los médicos que lo estudiaron, o la extensión de la red de distribución hacia esas comunidades afectadas.
Esta respuesta se dio debido a la protesta ciudadana que realizaron grupos urbanos en gran parte aglutinados por una organización civil, sin la cual quizá no hubiera ocurrido.
La información que ha sido difundida a través de los medios locales sobre los valores de contaminación con arsénico del agua bombeada en pozos de la ciudad de Torreón, las mediciones que han hecho profesionistas y particulares para confirmar las concentraciones de arsénico en el agua, y la opinión de los médicos que vienen investigando este problema de salud pública, ha generado una respuesta ciudadana más allá de las opiniones vertidas por los grupos conservacionistas de la región, misma que se ha manifestado centralmente entre quienes confluyen en Encuentro Ciudadano Lagunero.
Es esa participación ciudadana y la intervención de otras oficinas gubernamentales como las del sector salud, quienes están influyendo entre las autoridades federales ambientales e hidráulicas, como en las estatales y locales, para que se destine una parte de los fondos metropolitanos a atender dicha problemática y, sobre todo, que estos fondos son significativos para su estudio y que en este esfuerzo confluyen varias instituciones y organismos de Gobierno, educativos, de investigación y civiles.
Como decíamos al principio, en general debe apoyarse esta iniciativa que derivará en un diagnóstico que nos presentará una visión de la problemática hídrica a nivel de la Cuenca Nazas-Aguanaval, es decir, no se limitará a la parte baja de ésta o al Distrito de Riego 017, sino que nos permitirá observar los diferentes procesos ecológicos y sociales que giran en torno a este recurso, el manejo tecnológico actual y las implicaciones que tiene para determinar un uso sustentable en el ámbito de este espacio geográfico que cubre alrededor de 68, 000 km2.
Si bien no esperemos respuesta a todos los vértices que presenta dicha problemática, será posible tener esa visión de conjunto que facilite una toma de decisiones más acertada sobre los cambios que deben implementarse para regular y manejar el agua con ese enfoque de sostenibilidad.
Al respecto, algunos de los que confluimos en el Consejo Consultivo tenemos dos observaciones sobre este esfuerzo colectivo e interinstitucional: por un lado, sugerimos al Subcomité Técnico del Agua que difiera la implementación del octavo proyecto que refiere a realizar doce perforaciones exploratorias, seis en la Sierra de Jimulco (Torreón) y seis en la Sierra del Rosario (Lerdo), con las cuales pretenden verificar si estos sitios pueden ser considerados como fuentes alternativas de abasto futuro de agua potable para la zona metropolitana; nuestra oposición a tal iniciativa responde a dos cuestiones: una cultural y otra ambiental.
La primera que consiste en renunciar a ese concepto minero de uso del agua disponible, de tapar un agujero abriendo otro, es decir, que primero analicemos si es posible regular los aprovechamientos con base a la disponibilidad existente donde ya se realizan, y después pensemos en buscar otras fuentes de abasto, ya que es reconocido que la causa principal es la sobreexplotación del acuífero principal, que los estudios la verifiquen y de ser cierto se determinen opciones de regulación en acuerdo con los principales usuarios.
La segunda que ambas sierras constituyen las dos elevaciones de mayor importancia biológica de la región, las cuales nos prestan servicios ambientales que benefician al conjunto de la población lagunera, de ahí que pensar en alterar esos ecosistemas iría en contra de ese concepto de sustentabilidad a que se aspira con este manejo del agua.
La otra observación consiste en que la información y los resultados de estos estudios fluya de manera responsable no sólo a las oficinas gubernamentales, sino también a la ciudadanía, que a fin de cuentas los 40 millones de pesos son recursos públicos.
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