Ofrecer un servicio que no se da, cobrar por una preparación que no se entrega, titular a una persona o diplomarla dando constancia de que sabe hacer algo y no es verdad, son parte de los muchos fraudes a los que estamos expuestos en servicios educativos.
El fraude académico se ha transformado en un “modus vivendi” de personas que conociendo las deficiencias de ley para regular el ofrecimiento de servicios, logran tener ingresos importantes –algunos hasta acumular riqueza– a costa del mayor de todos los daños: escamotear años y calidad de vida a jóvenes ingenuos y padres irresponsables, quienes no investigan la verdad en las ofertas educativas.
Desde los años ochenta, la explosión de la oferta educativa en nuestro país trajo, entre las malas consecuencias, la aparición de pseudoescuelas y supuestas universidades llamadas de “cochera” o “patito”; la mayoría, organizadas y puestas en marcha por profesionistas que invadieron el campo de la docencia quienes al no tener real vocación, vieron la oportunidad de instalarse en una casona semiabandonada y mal acondicionada, donde defraudan a ingenuos; para otros, sólo son cuestión de rendimientos de inversión. En La Laguna tenemos varias.
Ofrecen más programas educativos que habitaciones del inmueble, sin considerar los espacios para oficinas y servicios varios que debe tener una institución de educación. Los costos, contra los currícula que anuncian, delatan la deficiente preparación de sus profesores; personas que, por lo general, buscan cómo solucionar, al menos temporalmente, su problema de desempleo; así, están disponibles para colaborar en el fraude.
Para el caso de la educación superior, le invito a que hagamos números concretos: un joven ingresa a la universidad o tecnológico, a una edad que fluctúa entre los 18 y 20 años; en promedio, requerirá entre ocho a diez semestres para concluir la licenciatura. Así, antes de los 24 años de edad, estará en aparente capacidad para integrarse al medio laboral y tendrá, alrededor de sesenta años de vida por delante, vividos en un calvario profesional al no estar bien preparado.
Lo invito a que revise en “El Siglo de Torreón” las ofertas laborales y si le parecen muchas, le aseguro hay numerosos jóvenes que no encuentran trabajo acorde a su profesión; en otros casos, deben aceptar sueldos muy por debajo de lo que sus padres invirtieron para que se titularan.
Aquellos que fueron a escuelas “facilitas”, desde siempre estuvieron fuera de competencia.
Desde luego que existen, como en todo, honrosas excepciones de jóvenes que sobresalen por sí mismos, según aquello de: “triunfar gracias al apoyo del maestro; otros sin el maestro y algunos más a pesar del maestro”, en este caso, los defraudadores.
Algunas personas hablan de “nivelar” a los universitarios con cursos de especialidad y maestría; la realidad es otra: la mayoría abandonan los mismos al desanimarse por constatar su propia incapacidad para seguir el ritmo a sus compañeros y profesores, debido a deficiente formación. Son tan o más inteligentes, pero no tiene los fundamentos necesarios para hacer buen papel.
Otras instituciones ofrecen servicios “prácticos”, graduando a sus estudiantes con conocimientos medianamente suficientes en conceptos profesionales y tecnológicos, sin aportarles la formación integral, esa que los educadores definen como generadora de competencias y habilidades del orden superior. Sus costos son engañosamente bajos, comprensible al revisar las pocas materias; otros, se ocultan en “letras chiquitas”.
Recuerde: no es lo mismo instruir que educar.
Sume a los defraudadores con campañas publicitarias y de imagen, quienes confunden a los estudiantes ofreciendo becas –descuentos– que a la primera oportunidad retiran, cuando el estudiante ya está “encadenado” a sus programas.
La responsabilidad es compartida: empezando por los estudiantes, que caen en la tentación de la educación “light”, que tiene como única justificación su propia inmadurez; de los padres, que no asesoran adecuadamente al hijo para hacer la mejor elección, conforme a su economía y quienes a veces ignoran que: “es cara la educación, pero es más cara la ignorancia”.
También de las autoridades, por no supervisar y aplicar la ley a esas instituciones, cuyos propietarios confían en las deficiencias profesionales y la poca responsabilidad de algunos funcionarios.
Las instituciones educativas ya iniciamos la publicidad orientada a motivar a los futuros egresados –de todos los niveles– para tomar decisiones y elegirnos; una falla común con la que cuentan los “malos” es que, en general, dejamos la elección para “más adelante”, al fin que “hay mucho tiempo”; así, en el campo de la desidia caeremos en el error que pagarán los hijos y los nietos que vendrán.
Este es un buen momento para empezar a evaluar ¿qué voy a estudiar? y ¿dónde?; se logra reuniendo información, comparando servicios, buscando opiniones expertas que no tengan compromisos con terceros y, desde luego, considerando la vocación y recursos económicos del interesado y sus padres. ¿Es su caso?
ydarwich@ual.mx
