"Quienes señalen lo contrario
Están obligados a probar un caso."
Felipe Calderón
El presidente Felipe Calderón parece convencido de que no hay casos en México de violaciones de derechos humanos por parte del Ejército o la Policía Federal. Al terminar la reunión cumbre de América del Norte en Guadalajara dijo: "Ha habido un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos. Y quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado: sean policías, soldados o cualquier otra autoridad."
La información disponible, sin embargo, sugiere que sí hay problemas importantes de violaciones de derechos humanos en la lucha contra el narco en nuestro país. Human Rights Watch publicó en abril el informe Impunidad uniformada que documenta "16 casos de abusos aberrantes que fueron investigados por agentes del Ministerio Público militar en los cuales no se hizo justicia. Nueve de las investigaciones fueron concluidas sin condena alguna." La persistencia del fuero militar dificulta la eliminación de los abusos. "El Gobierno no ha podido ofrecer ni un solo ejemplo correspondiente a los últimos 10 años en el cual los tribunales militares hayan condenado a un militar acusado de cometer una violación grave de derechos humanos."
La Secretaría de la Defensa ha hecho esfuerzos por enfrentar el problema de impunidad cuando las Fuerzas Armadas actúan como policías. Creó una nueva Dirección General de Derechos Humanos y dio a conocer un informe sobre las denuncias contra miembros del Ejército presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos en el que señala que 12 militares han sido condenados por faltas en esta materia.
Sin embargo, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch responde que de los 12 casos reportados sólo uno es de la presidencia de Felipe Calderón, mientras que ocho son de los gobiernos de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. En uno de los casos la condena es por homicidio culposo, o sea imprudencial, pero una violación a los derechos humanos es necesariamente dolosa.
Quejas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos hay muchas: en 2006 se abrieron 182 expedientes contra el Ejército en la Comisión Nacional de Derechos Humanos; en 2008 fueron 1,019. La mayoría de los casos que toma la Procuraduría Militar, sin embargo, son desechados. En 2008 se abrieron 149 averiguaciones previas, pero hubo 82 decisiones de no-ejercicio de la acción penal.
El fuero militar es parte del problema. Si bien el Artículo 13 de la Constitución prohíbe los tribunales especiales y establece que el fuero de guerra se aplica estrictamente "para los delitos y faltas contra la disciplina militar", se siguen usando tribunales militares para juzgar a soldados acusados de violaciones a los derechos humanos de civiles. La Suprema Corte de Justicia tuvo este 10 de agosto la oportunidad de juzgar sobre la constitucionalidad de esta práctica; pero se negó a hacerlo, por votación de seis a cinco, cuando determinó que la señora Reynalda Morales no tiene personalidad para buscar un amparo por el hecho de que unos soldados que ejecutaron a su marido están siendo juzgados en el fuero militar.
Si vamos al meollo del asunto, el Artículo 129 de la Constitución establece que "En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar." Pero eso no le ha impedido al Gobierno convertir al Ejército en Policía.
El secretario de Hacienda Agustín Carstens, adelantó ayer algunos aspectos del paquete de presupuesto para 2010. Habrá recortes al gasto, un precio estimado del petróleo de 53 dólares por barril y un déficit de presupuesto que se mantendrá durante dos años. También habrá "medidas de ingreso", lo que significa un aumento de impuestos.
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