En junio de 2003, el Cabildo de Torreón declaró 60,458 hectáreas como área natural protegida, un polígono separado de la ciudad que adoptó el nombre de Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco. Tal determinación fue un acierto porque, por un lado, como Gobierno local asumía su responsabilidad de conservar esos terrenos en los que recientemente se había descubierto albergaban una importante biodiversidad, y por el otro, se daba cauce a la gestión que un grupo diverso de personas venía realizando con la finalidad de convertir esos terrenos en un espacio protegido.
Este descubrimiento, en gran parte impulsado por ese grupo de laguneros, pero también influenciado por el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (World Wildlife Fund, WWF), denotaba que Torreón tenía un privilegio envidiable por otros municipios, pero también planteaba dos grandes compromisos: primero, de cuidar el hábitat donde residen las que hoy sabemos son más de 600 especies de flora y fauna silvestre, algunas de ellas endémicas, es decir únicas, porque al hacerlo significa concebir que Torreón busca la sustentabilidad de su desarrollo en una región donde sus recursos naturales están muy deteriorados, en gran parte contaminados.
El cuidado de estos ecosistemas existentes en Jimulco, no se reduce a cuidar plantitas y animalitos como minimizan los portadores de un pobre discurso cultural, sino significa proteger y conservar aquellas áreas que prestan servicios ambientales a toda la población lagunera, sobre todo a la que reside en la zona metropolitana, es decir, nos limpia el aire que ensucian las industrias, coches, vacas y demás fuentes contaminantes. Pero también por su altura y vegetación, contribuye en la recarga de nuestro sobreexplotado acuífero principal; además, la belleza de sus paisajes naturales recrean nuestra vista que diariamente solo ve concreto.
El segundo compromiso que se enfrenta en Jimulco es apoyar a sus comunidades rurales, ya que por paradójico que parezca, el municipio más próspero de la región tiene un área rural socialmente deprimida, por lo que si queremos conservarla a quienes primero debemos convencer de hacerlo es a sus dueños, los ejidatarios y demás habitantes de estas comunidades, pero para que ellos se comprometan a cuidar esa riqueza biológica debemos apoyarlos en mejorar sus condiciones de vida.
Ambos aspectos constituyen el reto que la generación actual debe asumir al tomar las decisiones fundamentales de conservar o perder ese reservorio natural; decisiones que, sin embargo, no han estado exentas de problemas, en gran parte por ejercer su administración y los recursos que el municipio asigna para cumplir esos fines, como sucedió el año pasado con el grupo que intentó desplazar a la ONG bajo el supuesto de tener un sentido patrimonial sobre el área, propósito que no se cumplió al no tener eco en las comunidades rurales a pesar de la cobertura mediática que se le dio.
Cuando se declara la reserva ecológica, su administración fue ejercida por el Gobierno Municipal durante dos años a través de la Dirección de Medio Ambiente, posteriormente, en los siguientes tres años y producto de una controversia pública, es transferida a la Organización No Gubernamental Biodesert, conformada por un grupo de ciudadanos, en su mayoría académicos de universidades locales. Ahora, la administración del área se transferirá a un organismo de mayor participación ciudadana e institucional, al cual se ha denominado Fundación Jimulco, A.C., la cual no sólo recibirá esos recursos municipales sino que deberá aumentar esa capacidad de gestión para cumplir sus fines.
Es importante aclarar que desde su declaratoria en 2003, se le planteó al Gobierno Municipal en turno que la administración de la reserva ecológica sería ejercida temporalmente por él, en tanto se creaba el andamiaje institucional que le permitiera empezar a operar, pero con el tiempo se transferiría a un organismo como la Fundación Jimulco, es decir, que el manejo del área no recayera sólo en un gobierno local y las decisiones que sobre ella se tomaran se redujeran a los funcionarios en turno, ni tampoco se consideró que al transferirla a la ONG dichas decisiones las asumiera sólo algún grupo civil como Biodesert, o éste y el Gobierno Municipal, sino que considerando que lo que estaba en juego es la conservación de recursos naturales que son bienes comunes patrimonio de la humanidad, la gestión del área debería ejercerse por un mayor número de actores locales, por un organismo en el que participen, sin interés de lucrar con esos recursos o la situación de la gente, oficinas del sector ambiental en los diferentes niveles de Gobierno, cámaras empresariales, universidades, grupos civiles y, en particular, las comunidades rurales del área, como dueños de esos recursos, lo cual ya se viene haciendo.
Con estos objetivos y enfoque se ha trabajado en Jimulco, y por ello al firmarse el convenio entre Biodesert-Municipio en 2006, se incluyó una cláusula en la que ambas partes se comprometían, y así lo hicieron, de que al finalizar dicho convenio ciudadanizarían la gestión del área, es decir, transferirían la administración de la reserva a ese organismo ciudadano-gubernamental; es por ello que la creación de la Fundación Jimulco, el pasado 5 de Junio, y la decisión del Cabildo el viernes 25 septiembre, de apoyar esta determinación, no es sino consecuencia del proceso que se viene realizando durante varios años, el cual, en definitiva, cuenta con el aval de las comunidades rurales del área, las cuales como señala la escritura de creación de esta nueva Asociación Civil, consta su participación en los consejos directivo y de vigilancia, además de que varios de sus representantes atestiguaron en la asamblea constitutiva.
Finalmente, si algunos regidores, otros servidores públicos o cualesquier ciudadano, tienen dudas sobre este proceso, sólo es necesario que se informen acerca de él, de igual manera, si las que existen son acerca del manejo de los recursos que el Municipio asignó a la ONG para la gestión del área, pueden requerir la información a las instancias responsables o acceder al sitio web de Biodesert. Lo que no se vale es que si no participaron, apoyaron o pusieron atención a dicho proceso, lo descalifiquen identificándolo con matices partidistas o con acusaciones no fundamentadas; a fin de cuentas, pueden recurrir a los principales actores y testigos involucrados en él, es decir, a la gente de las comunidades rurales del área, tanto sus comisariados, apoderados legales como representantes de los grupos con los que se trabaja.
