"Lo que estamos viendo es el desplome de un sistema que prosperaba en las sombras."
Nick Clegg
Michael Martin, presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, anunció ayer su renuncia al cargo. La razón, un escándalo surgido del uso de las cuentas de gastos de los miembros del Parlamento. Con anterioridad el ministro de Justicia Shahid Malik, había dejado su puesto por la misma razón.
Para la clase política mexicana, los "abusos" de los parlamentarios británicos parecerían juego de niños. Malik obtuvo un reembolso de 730 libras esterlinas (alrededor de 14,600 pesos) por una silla para masajes y uno de 1,050 libras (unos 21 mil pesos) por una pantalla de televisión.
La ley permite, sin embargo, que los parlamentarios obtengan devoluciones por sus gastos en las segundas casas que mantienen en Londres para asistir al Parlamento. La simple percepción de abuso por parte de los políticos ha generado el escándalo.
En México, casi toda la clase política debería haber renunciado en una situación similar.
Los legisladores y funcionarios públicos de nuestro país no sólo reciben ingresos superiores a los de sus contrapartes en la Gran Bretaña sino que consiguen un nivel de vida que rebasa con creces el que podría sustentar su ingreso oficial.
Una de las razones por las que pudo estallar el "furor de los gastos", como se ha llamado al escándalo en el Reino Unido, es la transparencia del ejercicio presupuestario.
El Daily Telegraph, un periódico de izquierda, no ha tenido dificultades para obtener información sobre las devoluciones de gastos de cada parlamentario. No se necesita, por otra parte, un desafuero o un juicio para obligar a un acto de contrición: la simple presión pública obliga.
En México esa transparencia no existe. La Ley de Acceso a la Información no se aplica ni al Congreso ni al Poder Judicial. Los legisladores no sólo reciben dietas muy generosas sino que además obtienen recursos para gastos de oficina, representación y viaje cuyo destino nunca conocemos. Las bancadas de los partidos en el Congreso también reciben montos millonarios que no se reportan.
Recordemos que la razón original por la cual el PRD "le prestó" senadores al Partido del Trabajo fue para que éste pudiera completar un grupo parlamentario y obtener así el presupuesto que se otorga a una bancada.
Las enormes cantidades que los partidos y candidatos están gastando en la actual campaña nos revela el beneficio de ocupar un cargo de elección popular en nuestro país. Aun cuando los partidos reciben miles de millones de pesos del erario, les piden a sus candidatos invertir dinero de su bolsillo o buscar fondos externos para financiar sus campañas.
Algunos de los candidatos son postulados simplemente porque tienen recursos propios abudantes.
La inversión en las campañas se justifica porque los puestos políticos son un gran negocio. Los candidatos no buscan convertirse en humildes servidores públicos. Quieren poder y dinero.
En la Gran Bretaña el furor de los gastos ha obligado a los políticos no sólo a ajustarse a la ley sino a desechar privilegios que la legislación otorga, pero que son vistos como un abuso del dinero de los contribuyentes.
En nuestro país, quizá porque no tenemos reelección que obligue a refrendar un mandato, los políticos no entienden por qué tendrían que renunciar a un gasto que la ley les concede. Gastar a discreción el dinero de los contribuyentes se percibe en México como un derecho natural de los políticos.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ofreció un generoso gesto al visitar México en estos últimos días. Tan sólo que se le vea en los medios españoles caminando por nuestras calles y departiendo con mexicanos es un mensaje poderoso para quienes en España perciben que en México hay una epidemia devastadora. Su convocatoria a los alcaldes de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas para que se reúnan en México el 7 de junio podría llevar este mensaje a todos los países iberoamericanos.
