MÉXICO, DF.- La operación y funcionamiento del puerto industrial de Altamira está en riesgo luego de que un tribunal federal otorgó un amparo a dos grupos de ejidatarios patrocinados jurídicamente por los ex dirigentes del PAN el ex senador Diego Fernández de Cevallos, “El Jefe Diego”, y el ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia, contra el decreto presidencial que expropió los terrenos donde se ubica la terminal marítima.
El juicio que tardó menos de dos años en resolverse —casi lo que lleva el actual sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa—, podría implicar desde la paralización de labores de la terminal marítima o hasta el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.
Fernández de Cevallos y Lozano Gracia lograron que dos de tres magistrados federales otorgaran el amparo no por que no se les haya pagado a los ejidatarios o no se les haya dotado de otras tierras, sino porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación.
Sin embargo, hoy por hoy en la terminal marítima —la cual en los últimos nueve años recibió una inversión privada de 2 mil 500 millones de dólares— se asientan empresas como la alemana Basf de México, la española Gas Natural, la colombiana Biofilm y hasta una planta de la CFE.
Al respecto Fernández de Cevallos aceptó que él junto al ex procurador Lozano Gracia llevaron adelante la defensa de los ejidatarios de Alt
