Colocado el anzuelo del frustrado intento de IVA disfrazado de 2% a tabla rasa como una exigencia solidaria de contribuir al combate a la pobreza, ahora resulta que la mayor parte de los programas gubernamentales en la materia están reprobados en su diseño.
La ruta de la demagogia avanza incontenible hacia el barril sin fondo sin ningún resultado práctico, en un escenario en que el objetivo se ensancha en proporción directa al monto del gasto. El tache alcanza justo a los programas calificados como estelares, es decir, los más socorridos en el discurso oficial: Alianza para el Campo, administrado por la Secretaría de Agricultura; Adultos Mayores, coordinado por la de Desarrollo Social; Seguro Popular, por la de Salud, y Enciclomedia, por la de Educación Pública.
El primer programa en mención tiene una calificación de 4.3; el segundo de 4.1; el tercero de cuatro, y el cuarto de 1.6.
El promedio general para los 10 programas sociales que reclaman el mayor monto de presupuesto en el ramo fue de 5.4.
Todos reprobados, pues.
La evaluación con proa hacia 104 programas federales con reclamo de subsidio la realizó, a petición de la Cámara de Diputados, la empresa Gestión Social y Cooperación.
El ejercicio apuntó hacia la calidad del diseño, planteándose tres subíndices: diseño y alineación estratégica, operación y orientación, y resultados y ciudadanía.
El primero permitía definir objetivos, metas y alcances estratégicos; el segundo integrar la información relacionada con las previsiones institucionales y organizacionales que permitirían una correcta operación de los programas, y el tercero las posibilidades de éstos para medir resultados e impactos, así como la percepción y opinión de la población objetivo.
El resultado, decíamos, fue desastroso. Cuatro de cada 10 programas resultaron reprobados, con la novedad de que el promedio general fue de 6.3, es decir, apenas de panzazo.
La calificación reprobatoria alcanzó los programas de asistencia social, agrarios y de urbanización; desarrollo regional y vivienda, es decir, la columna vertebral del asistencialismo oficial.
La exposición de motivos señala, entre otras causas, el que los funcionarios públicos no poseen las competencias necesarias para diseñar correctamente una política pública, a pesar de que desde hace seis años existe el servicio profesional de carrera, que sólo este año exigió una erogación presupuestal de 283.3 millones de pesos.
Funcionarios ineptos, pues.
Más allá, se lamenta el que "la cultura burocrática existente hace que los esfuerzos se orienten al cumplimiento de la normatividad y de los procedimientos, más que a los resultados y a los ciudadanos". De hecho, el capítulo de Orientación y Resultados a la Ciudadanía obtuvo una calificación reprobatoria promedio de 4.9
Lo curioso del caso es que el ejercicio se encontró con un escenario que desnuda la incapacidad del panismo: a mayor antigüedad de los programas es menos vulnerable la calidad de su diseño, es decir, entre más viejo más efectivo.
Dicho con todas las letras, los programas elaborados en el periodo 2001-2007 obtuvieron una calificación reprobatoria promedio de 5.9, en tanto los creados entre 1971 y 1998 alcanzaron una calificación promedio de ocho.
El dedo en la llaga lo había colocado hace dos años el ex subsecretario de Ingresos de Hacienda y ex director general del Seguro Social, Santiago Levy, en un libro originalmente escrito en inglés, cuyo título es más que expresivo: Buenas intenciones: malos resultados.
La tesis central del volumen apunta a que el diseño de los programas alienta la informalidad, al punto de que miles de empresas han optado por dar de baja a sus trabajadores del Seguro Social para inscribirlos en el Seguro Popular.
El Gobierno, pues, en lugar de ofrecer incentivos de asistencia social, seguro para el retiro y posibilidades de créditos para casas-habitación a los que transitan al margen del pago de impuestos, les coloca trincheras para guarecerse.
Naturalmente, el análisis de gestión social y corporación gravitará en la discusión para el presupuesto de gasto del año próximo, en un escenario en que hasta hoy, con programas sociales o sin ellos, el número de pobres extremos se está desbordando.
Ahora que la salida, naturalmente, no es cerrar la llave, sino exigir que el flujo realmente cumpla su función.
Por lo pronto, el Gobierno está reprobado.
Canalizada la ola de ira de tirios y troyanos: empresarios, clase media, trabajadores, profesionistas libres, a presionar al Senado para modificar el engendro fiscal aprobado por priistas y panistas en la Cámara Baja, lo cierto es que la consigna es sólo darle unos cuantos brochazos para hacer como que se hace.
De entrada, por ejemplo, se elevará la exención en el Impuesto sobre la Renta (ISR) para asalariados que ganen hasta seis salarios mínimos. Actualmente llega hasta cuatro.
Más allá, se prevé que el escenario para la consolidación fiscal permita que el primer abono para el pago de tributos de empresas que equilibran pérdidas y ganancias alcance 45%, en lugar del 60% previsto.
El resto se seguirá pagando en cuatro años, sin efecto retroactivo para las empresas que tienen ya una carga de impuestos diferidos.
Lo demás permanecerá intocable.
CALDERÓN, COMO SALINAS Será, finalmente, la semana próxima cuando el PRI y el PRD en el Senado planteen una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el argumento de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa rebasó los linderos de las leyes Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución y Orgánica de Pemex, al redactar los reglamentos respectivos.
Concretamente se impugna el que se abra la posibilidad de que el capital privado participe en transporte, almacenamiento y distribución de refinados y crudo importados, lo que no se contempla en la legislación primaria.
Más allá, en el otro caso, se reclama la cancelación de facultades del Consejo de Administración de la paraestatal.
La historia remite a cuando el ex presidente Carlos Salinas de Gortari promulgó un reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, abriendo capítulos cuya posibilidad de apuestas foráneas estaba prohibida, llevando al escritorio la tarea del Congreso de la Unión.
Más aún, durante el Gobierno de Vicente Fox se modificó más allá del alcance del ordenamiento, el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para permitir que los particulares que generan electricidad para consumo propio le pudieran vender un monto mayor de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad.
SÓLO MIS CHICHARRONES La sorpresa para el flamante director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, en una reciente visita a Los Pinos para plantear candidatos para relevar a tres de los cuatro directores de filiales de la paraestatal, llegó cuando le respondieron que ellos ya tenían nombres.
Sus propuestas son buenas, pero nosotros tenemos las nuestras.
El desplante ha sido signo del régimen, lo mismo en secretarías clave como la de Hacienda que en el Seguro Social, y aún en la Procuraduría General de la República.
