El 24 de septiembre el presidente Calderón asestó un golpe al Instituto Federal de Acceso a la Información pública (IFAI), y anteayer el Senado de la República lo secundó en ese malhadado propósito. Por efecto de esa deplorable combinación de facultades, dos comisionados que desempeñaron sus tareas con alto nivel de eficacia y compromiso serán reemplazados por personas descalificadas para el cargo aunque dotadas de apoyos políticos que suplieron sus deficiencias, en perjuicio de las responsabilidades del IFAI.
Calderón nombró en lugar de Alonso Gómez Robledo y Juan Pablo Guerrero a Wanda Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez-Jaén Zermeño. La Cámara de Senadores, partícipe en la designación por una vía colocada en entredicho, dispuso de treinta días para objetar o no esos nombramientos. Pudo simplemente dejar correr ese término, que concluye el sábado próximo y de ese modo tácito habría emitido su no objeción. Pero se prefirió expresarla mediante acuerdos del pleno. Los senadores incumplieron el sentido de la atribución que les otorga la Ley, porque no solicitaron al Ejecutivo información que sustentara sus nombramientos ni se la allegaron por sí mismos. De haberlo hecho, hubieran tenido que objetar las designaciones. Pero, una vez más por encima del papel institucional del Senado han sido eficaces los intereses creados y los arreglos que los combinan.
Así lo mostró la votación: la bancada priista se abstuvo y por ello los votos del PAN y el Partido Verde, 45 en total, bastaron para no objetar a Arzt Colunga, en que tenía especial interés Calderón. Ella ha colaborado de cerca con él, recientemente en el Consejo Nacional de Seguridad, función que hubiera bastado para objetarla. Un órgano de esa naturaleza persigue fines y demanda de sus integrantes talentos y valores esencialmente contrarios a los del IFAI. En canje con ese nombramiento, el presidente hizo otro a favor de una comisionada pedida por la fracción priista o por su jefe, Manlio Fabio Beltrones. Ello se manifestó en el hecho de que su no objeción recibiera 72 votos, los del PRI. Esta designación revela en un ámbito diverso del electoral, la ambigua relación que mantiene Elba Ester Gordillo con el partido que virtualmente la expulsó por traición. Según circunstancias particulares, su partido Nueva Alianza actúa junto con el PRI o contra él. La propensión a unir sus intereses operó en este caso, pues Pérez-Jaén pertenece al grupo de la lideresa magisterial que ahora tiene un nuevo puesto en el sector gubernamental que le ha sido entregado para su control.
El Senado ya ha ejercido su relativamente nueva facultad de objeción. Lo hizo por primera vez precisamente en el caso del IFAI. Y repitió la faena tratándose de la Cofetel, ambas ocasiones durante el Gobierno del presidente Fox. Al crearse el Instituto Federal de Acceso a la Información, poco después de emitida la Ley de transparencia, resultado a su vez de un triunfal afán organizado de la sociedad civil, Fox designó a los cinco comisionados fundadores. El 8 de octubre de 2002, con demora pero todavía a tiempo, ya que faltaban 2 días para el vencimiento de los 30 dentro de los cuales debe objetarse o no, el Senado demandó información adicional a la casa presidencial sobre Guillermo Velazco Arzac y Horacio Aguilar Álvarez. Aunque ofreció enviarla, el Ejecutivo no lo hizo, por lo que el 10 de ese mes y año la Junta de Coordinación Política puso a votación tres dictámenes. El primero aprobaba (es decir, no objetaba) la designación de Juan Pablo Guerrero, Alonso Gómez Robledo y José Octavio López Presa. Por separado, sendos dictámenes objetaban a Velasco Arzac y a Aguilar Álvarez. Una negociación de última hora puso a salvo a éste y el dictamen que le concernía fue derrotado, mientras que Velasco Arzac sufría los efectos de la primera objeción senatorial.
En mayo de 2006, conforme a la entonces reluciente Ley Televisa, Fox nombró comisionados de la Cofetel a José Luis Peralta, Rafael del Villar, Gonzalo Martínez Pous y Julio Di Bella. Sólo el primero fue admitido sin objeción alguna. Los tres restantes, al contrario, fueron objetados con el voto mayoritario del PRI. Del Villar y Martínez Pous demandaron amparo contra la Comisión permanente, dotada de esa atribución como el Senado, y que estaba reunida durante el receso de aquella legislatura. Al cabo de dos años, su caso llegó a la Suprema Corte, que les dio la razón, por lo cual ambos forman parte hoy de la dirección de la Cofetel. Eso sí, el fallo en su favor no les concedió el pago de los salarios que no les fueron cubiertos en el lapso en que litigaron su instalación.
Al Senado debió haberle importado que, no obstante este criterio judicial muy difundido, la nueva comisionada del IFAI pretenda que el Instituto Federal de Acceso a la Información pública del Distrito Federal, de que fue comisionada hasta julio pasado, le pague los salarios que no se le cubrieron y que no devengó entre el once de julio de 2003 y el dos de marzo de 2004. En ese periodo la ahora comisionada libró una batalla por permanecer en el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, antecedente del ahora Instituto de la materia, batalla que finalmente le permitió ser comisionada en este órgano.
Allí también libró batallas, pero no en pro del acceso ciudadano a la información pública en general sino para fines propios: En enero y febrero pasados presentó 23 solicitudes de información sobre actividades del Instituto y de sus comisionados.
