El nuevo pleito mediático que mantienen el Gobierno del Estado de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón, ahora por la adjudicación de las obras públicas que se llevan a cabo en este municipio, no sólo es estéril, sino que representa una burla para la ciudadanía, la cual además de soportar la infinidad de molestias que ocasionan los trabajos en las calles, debe también agradecer a las autoridades por que cumplen, más mal que bien, con sus obligaciones y por que utilizan ingentes recursos del erario para pregonarlo.
En las últimas semanas han aparecido anuncios espectaculares y mensajes de radio y televisión en donde ambos niveles de Gobierno ensalzan su participación en la construcción de obras públicas en Torreón. El Ayuntamiento que dirige José Ángel Pérez Hernández dio el primer golpe en esta absurda guerra mediática iniciando una campaña en la cual destaca que la actual Administración municipal hace "tres veces más obras que antes"; y claro, omite mencionar la aportación de recursos por parte del Gobierno de Coahuila.
La respuesta del Ejecutivo Estatal no se hizo esperar. En sus anuncios, el autonombrado "Gobierno de la Gente" no sólo contesta a la provocación de la autoridad local, sino que lo hace usando conceptos e imágenes muy similares: en ambas campañas propagandísticas la figura central es un niño. La Administración que encabeza Humberto Moreira Valdés se jacta en spots y espectaculares de invertir "más que nadie en obras para los laguneros", y remata con la frase "¡Así de fácil, así de claro!". Por supuesto que en los anuncios del Gobierno del Estado nada se menciona de la contribución del Ayuntamiento de Torreón.
Lo curioso del caso es que las obras cuya paternidad pelean ambos gobiernos son ejecutadas en su mayoría con recursos del Impuesto sobre Nóminas, aportado por las miles de empresas que hay en la ciudad. No sólo eso, sino que el dinero que las autoridades dicen poner "de su bolsa", proviene de los demás impuestos que pagamos los ciudadanos; es decir que ni Moreira ni José Ángel, mucho menos sus colaboradores, han puesto un cinco para pintar siquiera un camellón de esta polvorienta y agujereada ciudad. Entonces ¿de qué presumen? ¿De invertir nuestros recursos en lo que ellos creen que necesita el municipio?
Además de saludar efusivamente con sombrero ajeno, las autoridades pretenden con su onerosa propaganda que nosotros aplaudamos sus "sabias" decisiones y su "esforzado" trabajo, como si no les pagáramos, bastante bien por cierto, para que hagan precisamente eso: decidir y trabajar. O ¿acaso un empleado de cualquier empresa pide a su patrón que le dé las gracias por cumplir con su deber y terminar satisfactoriamente su jornada laboral? No, puesto que por eso recibe un salario.
Por otra parte, el sello de lo que va de ambas Administraciones ha sido la falta de sensibilidad. Con el argumento oficial de que las obras públicas se tienen que hacer y que los beneficios serán mayores a los perjuicios momentáneos, miles de automovilistas, choferes, motociclistas, ciclistas y peatones tienen que enfrentarse diariamente a los obstáculos que los trabajos representan por la falta de planeación y seguridad vial, los cuales no sólo demoran sus traslados, sino también ponen en riesgo su integridad física. Pero ante el justo reclamo, la autoridad propina al ciudadano un sutil "cállate y aguántate que es por tu bien", en vez de hacer lo que esté a su alcance para disminuir en la medida de lo posible las afectaciones.
Pero después de tanta molestia y desdén, tenemos que soportar el derroche de recursos para que, con sus anuncios, el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado nos digan a quién debemos dar las gracias. Es el colmo.
La única lógica bajo la cual se puede entender esta nueva querella entre los dos niveles de Gobierno, es la electoral. Este año se eligen a nuevos representantes para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y se renuevan los 38 ayuntamientos de Coahuila. Las campañas de difusión de obras no son otra cosa que una estrategia de posicionamiento de partidos. Como la nueva Ley Electoral prohíbe poner nombres o rostros en los mensajes oficiales, las autoridades se las ingenian para vincular la inversión con sus partidos. Por ejemplo, en los espectaculares de la Presidencia Municipal los colores dominantes son el azul y el anaranjado, es decir, los colores del Partido Acción Nacional (PAN), al cual pertenece el alcalde. Mientras que en los anuncios del Gobierno del Estado sobresalen los colores verde, blanco y rojo, con los que se identifica al Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido del gobernador.
Los ciudadanos de Torreón, y de todo Coahuila, no deberíamos permitir que los gobernantes utilizaran los recursos públicos para sus campañas electoreras disfrazadas de estrategias de comunicación social. El presupuesto destinado a esta área tiene que ser aplicado en mensajes que en realidad informen y sirvan a la población, y no para engrandecer desproporcionadamente el desempeño de una Administración.
Quizá el problema sea que quienes están en el poder siguen viendo y tratando a los ciudadanos como sujetos pasivos a los que sólo hay que tomar en cuenta cada enfadosa ocasión en la que hay que pedirles su voto. Una vez pasado este molesto momento, los políticos vuelven al estado de conciencia en el que creen que pueden hacer lo que quieran y nadie tiene el derecho de impedírselo. Únicamente así es posible entender todas las disputas que han sostenido el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, incluyendo la absurda guerra mediática de ahora.
Argonzalez@elsiglodetorreon.com.mx
