"Lo que este país necesita es más políticos desempleados."
Winston Chrchill
Se ha vuelto costumbre en México que los grupos de presión lleven a cabo manifestaciones y plantones que toman como rehenes a los gobernados para mandar mensajes a los políticos.
Ayer vimos una más de estas movilizaciones. La llevó a cabo la Canacar, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, un grupo distinto a los que organizaron otra protesta de transportistas apenas el 16 de febrero.
La Canacar movilizó a varias centenas de vehículos en la Ciudad de México para presentar un pliego petitorio que incluía la demanda de reducción del precio del diesel. La idea de esta manifestación, como todas, era generar un caos de tránsito para que la gente exasperada ejerza presión sobre los políticos.
No se requiere de un apoyo masivo para que estas movilizaciones cumplan con su objetivo y afecten a terceros. Se calcula que en el movimiento de ayer participaron entre 500 y 750 vehículos. Esto representa, en el mejor de los casos, el 0.25 por ciento de los vehículos de los 300 mil vehículos con placas federales de transporte que circulan en el país. Quienquiera que haya tomado una carretera ayer, sabe que el tránsito de carga no disminuyó.
La inmensa mayoría de los trabajadores del volante no puede dejar de trabajar un día sólo para hacerles el caldo gordo a los líderes que viven de ellos.
Una vez más vimos, sin embargo, que la vieja fórmula de los grupos de presión surte efecto en nuestro país gracias a la debilidad de los gobiernos. Los activistas no tienen ninguna dificultad para tomar a los ciudadanos como rehenes y así mandar su mensaje a la autoridad.
Las fuerzas del orden no sólo permiten las movilizaciones sino que las apoyan para perturbar lo más posible el tránsito de la gente trabajadora, esa que con sus impuestos paga los sueldos tanto de las autoridades como de los policías.
Al final ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aceptó establecer una "mesa de negociación" con la Canacar. Aun cuando con esto sólo se busque prolongar el conflicto, la decisión otorga un nuevo incentivo a las movilizaciones.
Los políticos están más interesados en apaciguar a los grupos de presión que en cumplir con su obligación de defender a las mayorías.
En esta ocasión hay que reconocer que el Gobierno Federal tiene en buena medida la culpa de las presiones que está sufriendo. Desde que asumió el poder, el presidente Calderón tomó la decisión de continuar la manipulación del precio de las gasolinas y del diesel que ya había empezado, aunque en menor medida, su predecesor Vicente Fox.
Esta manipulación se había terminado en los años de Ernesto Zedillo, cuando se decidió que, si bien no podía establecerse en México un mercado realmente libre para las gasolinas y el diesel ante la falta de competencia, por lo menos se podían fijar los precios de conformidad con el mercado internacional y, más precisamente, el estadounidense.
Con el aumento en las cotizaciones internacionales de los combustibles de los últimos años, sin embargo, la fijación de los precios de las gasolinas y el diesel se centralizó nuevamente en Los Pinos. El año pasado el propio presidente anunció con satisfacción que gastaría 200 mil millones de pesos de los mexicanos para subsidiar el precio de la gasolina. Pero una vez que se desplomaron las cotizaciones internacionales, el gobierno federal trató de manipular una vez más los precios internos, sólo que ahora en sentido contrario, manteniéndolos arriba de los niveles de Estados Unidos. La presión social y de mercado obligó finalmente a bajar estos precios, pero el Gobierno panista ha buscado presentar la reducción como una generosa concesión a los ciudadanos en un año de elecciones.
Claro que una vez que los grupos de presión se percatan de que los precios de un producto tan importante como los combustibles se fijan con criterios políticos, empiezan a buscar que los beneficien directamente. Los políticos, después de todo, son mucho más fáciles de presionar que los precios en un mercado libre. Por eso en esta ocasión las movilizaciones que tanto han afectado a los ciudadanos son producto de las políticas de precios de los combustibles del presidente Calderón.
El Gobierno está estableciendo una mesa para negociar lo que antes decía no se podía negociar. Con esto genera incentivos para nuevas movilizaciones, especialmente de los grupos de presión rivales a Canacar. A los políticos, claro, poco les importa. Ellos tienen helicópteros para moverse. Y cuando no los tienen, saben que no se verán afectados si llegan tarde a sus trabajos o tienen que cancelar sus citas. Al contrario de los gobernados, los políticos tienen asegurados sus generosos sueldos aun cuando no trabajen.
El que con la engañosa metodología del INEGI la tasa de desempleo abierto haya alcanzado el 5 por ciento de la población económicamente activa en enero de 2009 es preocupante. Se trata de la cifra más alta registrada desde cuando menos el año 2000 (si bien el cambio de metodología dificulta la comparación, podría ser el peor nivel desde 1997). En enero de 2008 el desempleo abierto era de 3.9 por ciento. El número de trabajadores asegurados en el IMSS fue en enero de 2009 inferior en 242,216 al de enero de 2008, según las estadísticas publicadas por la Secretaría del Trabajo.
