Detenido. Elementos de la Policía Federal trasladan a JoséMar Flores Pereira. Ayer, el boliviano se reservó su derecho a declarar ante el juez.
José Mar Flores, quien secuestró un avión de Aeroméxico, se reservó su testimonio.
MÉXICO, DF.- José Mar Flores Pereira por vez primera guardó silencio y se reservó su derecho a declarar ante una juez federal, en la diligencia donde debía rendir su declaración preparatoria, celebrada ayer al mediodía.
Con media hora de retraso, el pastor cristiano, quien secuestró un avión el miércoles pasado, compareció a las 12:30 horas tras la rejilla de prácticas del Juzgado Cuarto de Distrito en procesos Penales Federales del Reclusorio Oriente, donde era aguardado en una inusual audiencia pública con al menos 25 personas presentes. El boliviano llegó custodiado por 5 uniformados y lo primero que le manifestó Taissia Cruz Parcero, titular del juzgado, es que tenía el derecho a rendir su declaración preparatoria o reservarse el testimonio ante la autoridad judicial. De entrada, el predicador dijo que por recomendación de su abogada María de Jesús Galindo iba a reservarse su derecho a declarar, no obstante que hasta el viernes se había dedicado a hablar ampliamente ante autoridades y medios de comunicación.
“Yo sólo quiero decir que no quería hacerle daño a nadie”, manifestó, luego de escuchar a la juzgadora.
Flores ratificó su declaración ministerial en la que reconoce haber intentado el miércoles el secuestro del avión 576 de Aeroméxico, con el objeto de llamar la atención del presidente Felipe Calderón, para avisarle que en 2012 México sufrirá una gran catástrofe. Después de poco más de una hora, las autoridades judiciales dieron por terminada la diligencia y determinaron que a más tardar el próximo martes definirán la situación jurídica del pastor, es decir, resolverán si le dictan la formal prisión o la libertad por falta de pruebas.
De suceder lo primero, se quedará tras las rejas mientras dirima el proceso, ya que fue acusado de ataques a las vías generales de la comunicación, sabotaje y privación ilegal de la libertad, varios de los cuales están clasificados como graves en el expediente.
