"No se puede escapar a la responsabilidad de mañana evadiéndola el día de hoy".
Abraham Lincoln
El 12 de junio se dio conocer la clausura de cuatro guarderías subrogadas por el IMSS en Sonora. En el ambiente de enojo producido por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, la medida buscaba generar una actitud positiva en un Estado que se prepara para elecciones. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue que las cuatro guarderías eran propiedad de Gildardo Urquides y de las hermanas Téllez Nieves, propietarios también de la guardería ABC de Hermosillo cuyo incendió ha dejado un saldo de 46 niños muertos.
¿Significa esto que el problema de inseguridad en las guarderías del IMSS se limita a las que son propiedad de estas personas? Ojalá así fuera. Pero la información disponible sugiere que la falta de medidas de seguridad se extiende a muchas o a casi todas las guarderías del país. Ante la proximidad de las elecciones, sin embargo, tanto el Gobierno priista de Sonora como la dirección general panista del Seguro Social han destituido a funcionarios y cancelado guarderías no porque hayan encontrado responsables o busquen impedir otras tragedias sino simplemente para lograr ventajas en los comicios venideros.
El problema de las guarderías es el mismo de todos los servicios del IMSS: falta de recursos para cumplir con los propósitos establecidos. Desde hace décadas los políticos quisieron obtener beneficios electorales al aprobar servicios sociales sin presupuestar nunca los ingresos para sostenerlos. Los recursos que recibe el Seguro son hoy simplemente insuficientes para responder a sus compromisos. Los políticos no se han atrevido ni a aumentar las cuotas ni a restringir los beneficios. El resultado ha sido un deterioro gradual pero constante de los servicios.
Las medidas que hasta ahora se han tomado en el caso del incendio de la guardería ABC son meramente políticas. Destituir a unos funcionarios del IMSS o del Gobierno del Estado, que aparentemente no tienen responsabilidad alguna en los hechos, no sirve para nada, como tampoco cancelar las autorizaciones de operación de las guarderías propiedad de los dueños de la ABC de Hermosillo.
El tema de fondo es que el Estado ha tratado de proporcionar servicios sin generar ingresos. Nada tiene que ver la subrogación, como han sostenido algunos políticos y medios de comunicación. De no ser por las guarderías subrogadas, el IMSS se habría visto impedido de ampliar, como lo ha hecho, el servicio de guarderías, tan demandado por las trabajadoras. La institución cuenta con más de 1,500 guarderías subrogadas contra 142 operadas directamente por el IMSS. Juntas atienden a más de 228 mil niños. Pero las subrogadas no son el gran negocio que algunos sostienen. Éstas le cuestan al Instituto 2,500 pesos al mes por niño, mientras que las que maneja directamente el IMSS tienen un costo de entre seis mil y ocho mil pesos por niño. Mucho más numerosas, por otra parte, son las estancias infantiles de la Sedesol, más de ocho mil, que cuidan de más de 221 mil infantes. Éstas se encuentran en casas particulares que tienen menos preparación para una urgencia que las del IMSS.
Clausurar cuatro guarderías o destituir a unos funcionarios políticamente incómodos no resolverá el problema. Tampoco lo hará cerrar todas las guarderías subrogadas del IMSS y Sedesol. Esto solamente dejaría sin guarderías a medio millón de madres trabajadoras. Resolver el problema de la seguridad de las guarderías requiere el suficiente valor de los políticos para aceptar que para otorgar servicios sociales se necesitan ingresos equivalentes. Pero esto es precisamente lo que los políticos en campaña no se atreven siquiera a mencionar.
La Sección 22 del SNTE y la APPO no sólo siguen causando daños incuantificables a Oaxaca sino que al transportar cohetes sin precaución mataron este domingo 14 de junio a un militante e hirieron a 14. Pero nadie hace nada. Todos les tienen miedo a los activistas que se protegen con un fuero especial.
