Hoy comienza el camino hacia una nueva normalidad, una vez que la crisis por la aparición de la influenza primero porcina y después humana ha entrado en una fase de gravedad descendente y se aprecia el éxito de las iniciativas destinadas a contener la expansión del virus A H1|N1. Hoy se reanuda en todo el país la actividad económica general y la de la Administración pública federal, así como de la industria restaurantera en el Distrito Federal; aquéllas se interrumpieron entre el primero y el cinco de mayo, y ésta a partir del 29 de abril y el día de ayer. Mañana se abren las escuelas de enseñanza media superior y superior, cerradas a partir del viernes 24 de abril y que debían haberse reiniciado sus labores ayer, conforme al anuncio inicial. Las correspondientes a la educación básica (guardería, preprimaria, primaria y secundaria) abrirán de nuevo el lunes próximo, y no hoy como se estableció en un principio.
La suspensión de la actividad económica general ordenada por un acuerdo de la Secretaría de Salud que hizo vigentes disposiciones de la Ley General de Salud, fue observada sólo parcialmente, según la inspección del trabajo de la secretaría respectiva. Entre viernes, sábado y domingo fueron visitadas dos mil quinientas empresas de todo tamaño en toda la república. El resultado fue que poco más de la mitad acató la disposición de emergencia y casi la mitad no lo hizo: 52 por ciento estuvo en el primer caso y 48 por ciento no lo hizo hasta que los inspectores del trabajo los obligaron a cerrar. Los infractores pueden ser sancionados de acuerdo con la ley mencionada hasta por el monto de seis mil días de salario mínimo, alrededor de 328 mil pesos y por penas establecidas en la Ley Federal del Trabajo por una suma mucho menor, que llega a 17 mil pesos. Por haberse dictado el acuerdo respectivo el 30 de abril los afectados pueden alegar que era imposible obedecerlo a partir de las horas siguientes en que entró en vigor. Pero lo harán sólo las grandes empresas con acceso a servicios jurídicos eficaces (y onerosos) y no los pequeños negocios que se arriesgaron a abrir sus puertas para no perder ingresos.
El grado de acatamiento de las disposiciones de emergencia no parece que haya sido considerado a la hora de establecer normas que rijan la actividad económica a partir de hoy, pues si bien concluyó la fase aguda de la alerta, no ha cesado la emergencia y por lo tanto la Secretaría de Salud sigue en posibilidad de dictar normas obligatorias. Algunas de ellas son casi inocuas, como la supresión del uso de la corbata (que causará perjuicio al diseño y la industria respectivos, incluida la exitosa firma mexicana Pineda Cobalin), pero otras que pueden significar erogaciones importantes y hasta forzar a hallar nuevos locales para funcionar, puesto que se establecen distancias mínimas entre las mesas de trabajo y que éstas se cubran permanentemente con manteles de tela que se laven a diario. Se requiere reglamentar estas medidas, imposibles de acatar de la noche a la mañana, por lo que debe estipularse un proceso gradual de cumplimiento si no se quiere que haya infracción generalizada a la norma, que abra un círculo vicioso (la mordida a los inspectores) que provoque simulación o, si se obra rectamente en sentido contrario, se incurra en nuevos costos no incluidos en los presupuestos en vigor que a su vez conduzcan a la inviabilidad de los negocios.
Algo semejante, aunque de mayor profundidad y aunque ello no está dictado por las autoridades, en la industria restaurantera. La crisis sanitaria actuó sobre este ramo de la actividad económica del modo en que lo hace el aguafuerte sobre la lámina del grabador: puso en relieve los rasgos de la situación. Esa industria descansa sobre un costo laboral mínimo y traslada la porción principal de su monto a la clientela. Dicho de otra manera, apenas paga a sus trabajadores que requieren la propina para aumentar sus precarios ingresos. El Gobierno del DF buscó paliar el daño causado a ese personal por el cierre de los establecimientos y anunció el pago de cincuenta pesos (un poco abajo del salario mínimo vigente), pero lo condicionó a que las empresas del caso estuvieran registradas a la seguridad social, para comprobar la relación laboral. Y resulta que pocos negocios cumplen esa obligación legal. La nueva normalidad debe hacer, también con calendarios adecuados, que esa industria, sobre todo la integrada por micro y pequeñas empresas establezcan un equilibrio que asegure ganancia legítima a sus propietarios pero no sobre la base de la expoliación a sus trabajadores. Los mismo deberá hacerse -un programa para su vigencia plena-respecto de la distancia exigida entre las mesas y el número de comensales en cada una de ellas.
Con ese criterio deberá examinarse la situación de las salas de cine y teatro en la Ciudad de México. Cuando se reinicien sus labores, se prevé que lo hagan observando reglas de distancia entre butacas que harán incosteable la situación de los productores de teatro, especialmente el poco frecuentado, paradójicamente en función de su calidad. En las escuelas, donde hoy mismo y en los días siguientes se realizan necesarias acciones de limpieza, no se ha fijado un criterio semejante de distancia entre los pupitres. Si no se procedió en tal sentido en establecimientos en que la asistencia es obligatoria, menos razón haya para hacerlo en locales de concurrencia voluntaria, cumpliendo otros requisitos de higiene.
