Guillermo Francisco, esposo de Jacinta Francisco Marcial, dijo que "hasta no ver no creer", luego de enterarse de la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR), de que presentará “conclusiones no acusatorias” en contra de la indígena otomí, presa por el supuesto secuestro de seis agentes federales.
Francisco Prisciliano trabajaba en el campo cuando se enteró de que Jacinta finalmente recuperará su libertad una vez que la PGR aceptó que existen "dudas razonables" en torno a las acusaciones que pesan en su contra.
"Los abogados nos acaban de decir que es posible que salga, aunque todavía falta que se realicen los 40 careos con los cinco policías de los seis que la acusaron", aclaró.
La fecha tentativa para que se realicen los careos que faltan es el lunes 14 de septiembre, en la ciudad de Querétaro; presumiblemente ese mismo día deberá de concluir la reposición del procedimiento judicial.
Una vez desahogados los careos procesales, y posterior al cierre de la instrucción que decrete el juez, la PGR deberá presentar las conclusiones no acusatorias que, en términos concretos, significa que retirará las acusaciones.
"Voy a ir a verla la semana próxima y vamos a ver cómo ella ve las cosas", dijo Guillermo Francisco.
Y aún cuando asegura que aún no lo cree, acepta que sus hijos y él se encuentran “desesperados por que llegue el día en que ya esté en la casa".
La familia de Jacinta Francisco Marcial vive en la comunidad de Santiago Mexquititlán, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Querétaro.
El abogado defensor de Jacinta mencionó que la decisión de la PGR solamente la involucra a ella y deja fuera de la resolución a las otras dos indígenas otomíes que fueron acusadas por el mismo delito y sentencias al igual que Jacinta.
Sin embargo, confió en que el amparo que sus abogados interpusieron, surta efectos y logren salir de prisión.
Jacinta Marcial está acusada del presunto secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) el pasado 26 de marzo de 2006, cuando un grupo de agentes realizaba un operativo en el tianguis del centro de Santiago Mexquititlán, en Querétaro.
Sin embargo, la operación se salió de control y los vendedores pidieron que se retribuyeran los daños causados, por lo que algunos de los agentes fueron retenidos. De todo ello fue acusada Jacinta, a quien se le dictó una condena de 21 años de prisión.
