Vuelve a nacer. La indígena otomí Jacinta Francisco Marcial (izq.) es felicitada por sus familiares al término de una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
MÉXICO, DF.- Después de pasar tres años en prisión acusada de un delito que no cometió, la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial dice que cree en la justicia aunque sabe que todavía hay muchos casos como el suyo, entre ellos el de sus coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González.
“Ojalá que pronto estén libres, yo sé que también están injustamente (en la cárcel), ellos lo que trataron fue de defenderse”, explicó ayer en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, en la Ciudad de México, un día después de haber sido liberada en Querétaro.
Acompañada de su esposo y dos de sus hijos, recordó que cuando fue detenida, en 2006, no hacía más que llorar, sin saber de qué la acusaban ni por qué estaba presa, e incluso que ni español hablaba.
Ahora sólo piensa en regresar a su casa, a su trabajo de antes, a vender aguas frescas. “Me va a costar trabajo volver a empezar otra vez”, dice, pero mantiene la sonrisa.
Luis Arriaga, director del Centro Pro, y Leopoldo Maldonado, uno de sus abogados de la otomí liberada la madrugada del miércoles, en Querétaro, afirmaron que el caso de Jacinta evidencia las deficiencias del sistema de procuración de justicia y la visión restringida que se tiene de los derechos de los pueblos indígenas en el país.
Sobre la posibilidad de exigir la reparación del daño, Andrés Díaz, otro de los abogados del organismo que representó a Jacinta, explicó que la PGR tendría que reconocer todas las irregularidades en que incurrió en el proceso, y afirmó que la liberación de Jacinta es apenas el primer paso.
Jacinta fue acusada de secuestrar en 2006 a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), junto a otras dos indígenas que aún permanecen en prisión.
