En alarde de sensibilidad y patriotismo frente a la precaria situación de las finanzas públicas, el Instituto Federal Electoral sacrificará el escándalo de 104 millones de pesos para ajustar su presupuesto de este año, ante la exigencia de la Secretaría de Hacienda
Del tamaño del esfuerzo habla la disminución, ¡válgame Dios!, de las partidas destinadas a actividades deportivas y sociales del organismo. Menos gimnasios, menos pesas, pues, para los consejeros.
La intención, lo adivinó usted, es darle a la dependencia encabezada por Agustín Carstens una prueba de su buena voluntad que la ablande frente al amago de recortarle 18% a su presupuesto del año próximo. De 9 mil 300 millones de pesos solicitados, sólo llegarían a la mesa 7 mil 545, es decir, la ruina. A quién le importa si en 2010 no habrá elecciones federales.
Lo cierto es que el alud de cinismo precipitó aún más al abismo su causa, ante la perspectiva generalizada de una catarata de excesos, empezando por los 3 mil millones de pesos de subsidios que otorga a los partidos políticos.
Por lo pronto, el IFE está obligado a rendir cuentas claras de los 12 mil 800 millones de pesos que integraron su presupuesto para este año.
El sospechosismo, por ejemplo, apunta al uso de 25 millones 745 mil dólares, equivalentes a entre 372 y 420 millones de pesos, dependiendo del tipo de cambio, destinados al monitoreo de los spots transmitidos en tiempos oficiales por las cadenas de radio y televisión.
La catarata alcanzó una cifra sin precedente en cualquier país del mundo: 23.5 millones, frente a los 810 mil transmitidos durante la elección de 2006 para renovar la Presidencia de la República y las cámaras de Diputados y Senadores.
El aumento fue, en el absurdo, de 2 mil 782%.
Para cubrir el gasto la Secretaría de Hacienda le otorgó al organismo una ampliación presupuestal de 656 millones de pesos, según ello para adquirir software o instalación de infraestructura en lo que se conoce como Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado.
La instrumentación del esquema requirió una licitación pública para otorgar el contrato, inscribiéndose una docena de empresas, de los cuales quedarían como finalistas la española Indra, Verificación y Monitoreo y el Grupo de Tecnología Cibernética, conocido como Tecno, que resultó ganador.
La oferta planteaba la instalación de 100 centros de monitoreo en todo el país, que según ello estarían listos el 31 de mayo pasado.
El caso es que dos días antes, en una reunión del Comité de Radio y Televisión del IFE, el secretario ejecutivo de éste, Edmundo Jacobo, reconocería que sólo estaban operando cinco, es decir, un escaso 3% de los centros prometidos.
Estos se instalaron en el Distrito Federal, dos en Monterrey y dos en Guadalajara.
El compromiso, por lo demás, hablaba de hacer públicos los monitoreos por lo menos cada 15 días, lo que jamás ocurrió. Más aún, hete aquí que en una sesión del pleno del Consejo General celebrada el 27 de julio, es decir, concluida ya la jornada electoral, se reconocería que los reportes enviados por la firma eran “parciales y desactualizados”.
A toro pasado, pues, se señalaba el incumplimiento, sin colocar en la mesa las cláusulas del contrato que obligarían a castigos pecuniarios a la firma de monitoreo. De hecho, hasta hoy no se tiene noticia de que se le haya multado.
Dicho, pues, con todas las letras, el IFE dilapidó millones de pesos en una tarea que estuvo a kilómetros de rendir lo esperado.
Naturalmente, el incumplimiento le abrió la puerta a las firmas de televisión y radio para impugnar las multas impuestas, alegando la imprecisión en los datos.
¿Hacemos una marcha en defensa del IFE?
Balance general
De suprimirse, como plantea la Secretaría de Hacienda, el subsidio gubernamental a las gasolinas y el diesel, el costo de unas y otro se elevaría entre 25% y 30%, lo que provocaría una espiral inflacionaria sin límite.
El último gran golpe, 85%, llegó en el último año del ex presidente Miguel de la Madrid, provocando un aumento de 4% en la tasa de inflación durante el primer mes.
La razón esgrimida por la dependencia que encabeza Agustín Carstens es que nuevamente se disparó el costo entre las gasolinas comercializadas en Estados Unidos y las nuestras, alcanzando en algunos puntos fronterizos hasta 2.60 pesos más.
El problema, más allá de la asimetría en ingresos de los consumidores, es que allá se cobra adicionalmente un impuesto ecológico de 15%.
Por lo pronto, ante el encarecimiento del producto en la fase previa a su congelación, aunado a la crisis, las ventas de gasolinas se han reducido 20%.
Reversa de Televisa
Levantada una espesa polvareda por las acusaciones de Televisa de parcialidad en las mediciones de audiencia de la firma IBOPE, demandas y cancelación del servicio al calce, finalmente la empresa de Emilio Azcárraga
Jean metió la reversa
Detrás del cambio de señales está la presión ejercida por el Consejo de Investigación de Medios, en el que caben anunciantes, agencias de publicidad y concesionarios de medios electrónicos, en aval de la objetividad de la firma. IBOPE, pues, seguirá midiendo los ratings de Televisa.
Larrea la hizo
Finalmente, el juez que administra la quiebra de la firma productora de cobre en Estados Unidos, Asarco, determinó que la oferta más viable por su capital fue la planteada por el Grupo Minera México de Germán Larrea Mota Velasco.
Éste, pues, regresará a ser socio mayoritario.
La carambola es de dos bandas, dado que con el movimiento Larrea podría lograr la anulación de una colosal medida punitiva que se le impuso por la supuesta venta a precios inferiores de su valor en libros del principal activo de Asarco, es decir, su paquete mayoritario de las acciones de la firma peruana Southern Cooper Co.
El comprador había sido el propio Grupo Minera México.
En la recta final de la carrera por Asarco, éste le ganó literalmente por una nariz a la firma india Vedanta Resourses.
Reglas del juego
Finalmente la Comisión Federal de Competencia (CFC) le impuso reglas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para licitar el espectro radioeléctrico, en base a la equidad.
De entrada, ninguna concesionaria podrá acumular más de 80 megahertz en la banda de 800 mil 700 y mil 900.
La dependencia federal encabezada por Juan Molinar Horcasitas estaba privilegiando el tema monetario en las asignaciones, al margen de los parámetros de concentración y la necesidad de mayor competencia.
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