El tema del aborto llegó nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con un nuevo sello, y en medio de una lucha que se está dando entre grupos conservadores y liberales en diversos estados de México por la aprobación de reformas antiabortistas.
A diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, en esta ocasión quienes acudieron al máximo tribunal del país para buscar la protección de la justicia federal, no fueron los grupos que están en contra del aborto, sino quienes están a favor de que esta práctica no se sancione.
El ombusman de Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona, acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir la anulación de una reforma a la Constitución local, impulsada por los partidos Acción nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal), mediante la cual estableció que la vida, en esa parte del país, está protegida desde el momento de la concepción.
En la práctica la reforma impugnada -que entró en vigor desde el 26 de diciembre pasado- canceló la posibilidad de que, en el futuro, en Baja California se despenalice el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, como ocurrió en el Distrito Federal.
En su calidad de procurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Sánchez Corona, promovió un juicio de acción de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma porque consideró que atenta contra las mujeres, toda vez que les impide ejercer sus derechos a la libertad, a la autonomía reproductiva, a la no discriminación y a la libertad de conciencia, entre otros.
La reforma, explicó, equipara "la concepción" con "la fecundación", por lo que no sólo se convierte en una medida sancionadora del aborto, sino que también establece las bases para prohibir, posteriormente, la fecundación in vitro, el uso de algunos métodos anticonceptivos tales como el dispositivo intrauterino (DIU) y la investigación en embriones no implantados.
La demanda que promovió es la primera que se presenta en contra de una reforma que busca evitar que los abortos queden sin castigo. Pero, se espera que en lo que resta del año se presenten más juicios de este tipo.
Porque desde que la Corte avaló la despenalización del aborto en la capital del país el 28 de agosto de 2008 -hasta el momento sólo de palabra, porque la sentencia no se ha terminado de redactar, a pesar de que han pasado 5 meses- en diversos estados se han impulsado reformas antiabortistas que buscan evitar que el caso del DF se replique en el país.
En Morelos, por ejemplo, se aprobó una reforma similar a la Constitución de la entidad y a diversas leyes, la cual entró en vigor desde el 11 de diciembre. Pero en el caso de Morelos, a diferencia de lo que ocurrió en Baja California, la reforma no fue impugnada ante la Corte. Los únicos facultados para hacerlo - el ombusman estatal, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, y el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora-, no lo hicieron.
Diversas organizaciones no gubernamentales les pidieron que impugnaran la reforma aprobada en Morelos, pero ninguno aceptó su petición, porque mantienen una postura a favor de la vida, desde la concepción, y en contra del aborto.
En Sonora el futuro de una reforma similar todavía es incierto, toda vez que también se protegió en la Constitución local a la vida desde la concepción, pero los cambios todavía no han sido publicados y por tanto no han entrado en vigor, y no se sabe si va a ser impugnada o no.
En tanto que otras reformas antiabortistas siguen discutiéndose en los congresos locales de Guanajuato y Veracruz.
