Después de doce días del siniestro, y salvo cuatro destituciones de cargos estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no se han producido detenciones ni se han depurado mayores responsabilidades. (Archivo)
El incendio que acabó con la vida de 46 niños en una guardería de Hermosillo, en el norte de México, debe ser considerado un "crimen de Estado", denunció hoy una plataforma de ONGs pro infancia integrada por más de 70 asociaciones.
"Creemos que sería importante que los padres de familia presentaran denuncias penales por la muerte de sus hijos", explicó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Gerardo Sauri.
El conglomerado de más de 70 ONGs estaría dispuesto a dar acompañamiento y asesoría jurídica en el proceso, afirmó. La red se dedica desde hace años a vigilar la legislación mexicana sobre infancia, con la que se ha mostrado crítica por sus deficiencias, y a documentar con estadísticas la situación de los niños del país.
Después de doce días del siniestro, y salvo cuatro destituciones de cargos estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que subroga a particulares el manejo de guarderías públicas, no se han producido detenciones ni se han depurado mayores responsabilidades.
"La tragedia pone en evidencia la corrupción que prima en el sistema político mexicano y en las instituciones del Estado que tienen a su cargo salvaguardar la vida de los niños y las niñas de este país", denuncia la red social en un comunicado.
Asimismo, el texto señala que existe "una carencia de mecanismos adecuados para castigar el incumplimiento de las normas básicas de seguridad en los establecimientos públicos" y que "la muerte de los dos últimos niños (el pasado fin de semana) se debió a negligencia médica".
Sauri lamentó que la norma oficial que controla la seguridad de las guarderías esté redactada de forma imprecisa y ambigua, y que para su revisión tras la tragedia no se cuente con la voz de los agentes sociales pro infancia.
La plataforma señaló como "inaceptable" la postura del fiscal general mexicano, Eduardo Medina Mora, quien refirió que los delitos aparejados al incendio no eran graves y que cualquier consignado por ellos podría obtener la libertad bajo fianza.
El suceso, ocurrido el 5 de junio, puso en evidencia la falta de inspecciones adecuadas sobre el esquema de guarderías públicas manejadas por particulares, personas a quienes el Gobierno federal paga por niño que asiste al centro.
De acuerdo a Leticia Chávez, también de la Redim, las adjudicaciones van para aquellos que no han recibido "hueso" (puesto público) en el reparto del "pastel" de los cargos en la administración: reciben en su lugar las concesiones como negocio.
La guardería siniestrada incumplía numerosas disposiciones de seguridad; estaba construida con materiales inflamables, con las puertas de emergencia canceladas, entre otras deficiencias.
Revelan que el IMSS, responsable de la adjudicación del servicio, realizó una inspección al local en 2005 y señaló los fallos en la seguridad.
A pesar de que estos no fueron subsanados, la concesión a los dueños de la guardería -dos esposas de funcionarios públicos y un militante del partido gobernante en el estado de Sonora, donde se ubica Hermosillo- fue renovada.
Las familias de los niños muertos en el incendio recibirán como compensación inicial 155.000 pesos (unos 11 mil 580 dólares).
