"Las reglas no son necesariamente sagradas; los principios, sí".
Franklin D. Roosevelt
El mensaje es devastador: en México no hay certidumbre jurídica. Lo confirma el caso de Minera San Xavier, una empresa que ha invertido más de 1,500 millones de pesos en una mina de oro, la cual ha sido clausurada pese a cumplir con todos los requisitos de Ley.
Subsidiaria de la canadiense New Gold, la firma comenzó a operar en 2004 una mina de oro de última generación en Cerro de San Pedro, un municipio tradicionalmente minero de San Luis Potosí. Ha cumplido meticulosamente con más de 200 requisitos, algunos establecidos por la Ley y otros adicionales a ella. Las autoridades y ciudadanos de Cerro San Pedro apoyan la operación de la mina, convertida en el principal empleador y contribuyente del Municipio; pero un grupo político foráneo, apoyado por el PRD, ha venido ejerciendo presión durante años para detener su funcionamiento.
Como en México las presiones políticas valen más que el Estado de Derecho, las autoridades han clausurado de manera indefinida el proyecto. Si esto ocurre con una mina de las minas más limpias y sustentables de México, podemos imaginar la incertidumbre para cualquier otra inversión.
Debido quizá a los ataques políticos, Minera San Xavier ha sido particularmente cuidadosa en su operación. Cuenta con un comité ciudadano que recibe informes de una auditoría externa técnica y ambiental que realiza una empresa internacional, Golder Associates. Ha invertido millones de pesos en proporcionar vivienda, servicios de educación y de salud a los habitantes del Municipio. Ha restaurado también edificios históricos de la comunidad.
Minera San Xavier recibió la Manifestación de Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hace 10 años. El grupo político que se opone a su operación trató durante años de anular el documento. Para ello acudió al Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa. En 2007, sin embargo, los magistrados determinaron, por seis votos contra cinco, que la Manifestación era correcta.
Después de un recurso de queja, el asunto regresó al tribunal. Pero los opositores al proyecto presentaron denuncias penales en contra del presidente del tribunal y el ponente original del caso para obligarlos a excusarse. El día de la votación estuvieron ausentes, además, otros dos magistrados. En estas condiciones el tribunal llegó en el mismo caso, y con los mismos elementos, a una decisión contraria a la original y declaró infundada la Manifestación por cuatro votos a tres. La Semarnat, cuyos expertos habían certificado la idoneidad ambiental de la operación, cancelaron la Manifestación y la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) procedió a clausurar la mina.
Desde un punto de vista ambiental, la clausura es absurda. El 70 por ciento de la afectación ambiental que pueda provocar la mina ya se ha generado. La clausura, sin embargo, pone en peligro no sólo las finanzas del Municipio sino unos 600 empleos directos y hasta 2,400 indirectos. Muchas de las acciones sociales que la empresa ha llevado a cabo, y que son en parte razón de la aceptación de la mina entre la población local, están en riesgo.
Minera San Xavier está recurriendo a la vía jurídica para mantener la operación de la mina. Pero la señal es muy negativa. En México las reglas de una inversión pueden ser modificadas a discreción y de manera retroactiva por razones políticas. Y todavía hay gente que se pregunta por qué las empresas están llevando sus inversiones a otros países. O ¿por qué México sigue siendo un país tan pobre a pesar de toda su riqueza potencial?
Dicen que el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, se enteró de que otro Premio Nobel había hecho críticas a la actuación del Gobierno mexicano. Sin pensarlo mucho declaró que debía leer un poquito sobre México antes de opinar. El ganador del Nobel se llamaba Octavio Paz y el libro era
