Después de más de medio año de ocurrido el incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, que causó la muerte de 49 niños, la Secretaría de la Función Pública, dictó ayer la inhabilitación de la empresa ABC, por lo que ni ésta ni sus propietarios podrán celebrar contrato alguno con el gobierno federal durante cinco años.
La Guardería ABC, además, deberá pagar una multa por un millón 644 mil pesos, informó la SFP, mediante un boletín, en el que señala que se trata de las sanciones máximas aplicables a una empresa, previstas por la ley.
Los cinco años de inhabilitación cobrarán sus efectos al prohibírsele a la Guardería ABC presentar propuestas y celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la administración pública federal.
El incendio de la guardería ocurrió el 5 de junio de este año, y hasta eayer, habían transcurrido 197 días, y quedan abiertas las investigaciones de tipo penal.
El castigo anunciado ayer por la SFP, "impide a todos los socios de la empresa, incluso en otras sociedades, o como propietarios de otras asociaciones, hacer negocios con el Gobierno", durante los cinco años de la sanción.
Los dueños de la guardería son Gildardo Urquides, quien fue secretario de Finanzas del PRI en Sonora, así como las señoras Marcía Gómez del Campo Tonella --familiar de la esposa del Presidente de la República, Felipe Calderón-- y Sandra Téllez Nieves, esposa de un ex funcionario del gobierno estatal,
Respecto de la multa, ésta se aplicó "por la inobservancia de diversas normas de protección civil", en el inmueble que ocupaba la guardería.
Esta sanción se suma a las que aplicó la SFP, este 17 de diciembre, a funcionarios y empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyas actividades estuvieron relacionadas con la prestación de servicios de guarderías en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
A los funcionarios y empleados del IMSS, se les aplicaron inhabilitaciones de 20 años y 18 años, y multas de más de 3.2 millones de pesos, por omisiones en el desempeño de sus responsabilidades.
La tragedia de la guardería de Hermosillo, generó un dolor social que alimentó protestas ciudadanas en la capital de Sonora, así como en la Ciudad de México, en tanto que las autoridades del IMSS, el gobierno del estado, la PGR carecieron de respuestas a los reclamos de los afectados. Incluso abrieron espacios de atención al problema la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado.
El nuevo gobierno de Sonora anunció la instalación de una Fiscalía Especial que estudiará la comisión de delitos penales, en la tragedia.
