Los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango, al igual que los de todo el país, no hicieron la tarea. Un año después de que se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, las administraciones de Humberto Moreira Valdés e Ismael Hernández Deras sólo han cumplido con uno de los 12 compromisos pactados en la Ciudad de México, de acuerdo al informe realizado por México Unido contra la Delincuencia A. C.
Según el informe, Coahuila cumplió únicamente con el compromiso de aplicar en la entidad el sistema nacional de desarrollo policial. Durango, por su parte, cumplió sólo con adecuar su legislación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En todo lo demás, ambas entidades reportan "avances", no obstante que la ejecución de los 12 puntos que contempla el acuerdo quedó sujeta a plazos no mayores de un año, incluso algunos establecidos para 6 meses.
Cabe recordar que el citado acuerdo fue la respuesta de los representantes de los tres poderes de la República, de los tres niveles de Gobierno, al reclamo lanzado por un sector de la ciudadanía frente a la creciente ola de violencia e inseguridad que azota prácticamente a todos los rincones del país.
El compromiso entonces fue formal, concreto, con detalles y fechas. Pero la realidad ahora pone en duda la honestidad de la preocupación y voluntad mostradas por los gobernadores en aquellos momentos. La ausencia de resultados en la lucha contra el crimen desnuda los auténticos intereses y las verdaderas capacidades de las autoridades.
Las asociaciones participantes en la marcha "Iluminemos México", del 30 de agosto de 2008, advierten que no sólo el problema de la inseguridad no ha sido resuelto, sino que "estamos peor que antes". Frente a esta situación, caben las siguientes preguntas: ¿Quién o quiénes son los responsables de este fracaso? y ¿cuál es la razón por la que no han cumplido con el compromiso que firmaron? ¿Incapacidad, complicidad o negligencia?
Resuena hoy todavía con fuerza el reclamo "¡Si no pueden, renuncien!", lanzado hace un año por el empresario Alejandro Martí, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado. Hasta ahora es evidente que no han podido... pero nadie ha renunciado. Mientras tanto, es la ciudadanía la que con su vida y patrimonio paga las facturas de la descomposición de la vida pública de la nación.
