Esta tarde, de acuerdo a las reglas previstas, se cierra el plazo otorgado a Iusacell para plantear sus alegatos de descargo frente a la pretensión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de despojarla de una concesión en la banda de 480 megahercio.
La razón esgrimida por la autoridad es que la firma no explotó la alternativa, por tanto no tiene derecho a reclamarla. De hecho, ahora el Estado la explotará.
Así de fácil.
Lo inaudito del asunto es que la omisión no es responsabilidad de la compañía castigada, sino de la propia dependencia, quien tardó 12 largos años en dar respuesta a una solicitud de renovación, lo que dejó la explotación en el limbo.
Y lo curioso del caso, además, es que la propia Secretaría había emitido meses antes, vía su director de Política de Telecomunicaciones, una opinión favorable a la renovación de la concesión.
La banda de la discordia permitiría alcanzar al segmento más olvidado del espectro, es decir la telefonía rural, a donde no llegan las firmas de telefonía fija, a excepción de Teléfonos de México, al considerar que no es negocio.
Iusacell planteaba un esquema de conexión vía radio que integraría aún a las rancherías más alejadas.
La historia del caso se inicia en 1957, cuando el empresario Alejo Peralta logra la concesión de la discordia para operar telefonía móvil con perfil de radio en los automóviles.
La opción se convierte en una moda fugaz, dada lo complejo de la infraestructura, que reclamaba la instalación de un sofisticado equipo y la antena correspondiente.
Sin embargo, lanzada en México la posibilidad de la telefonía celular cuatro décadas después, la familia Peralta, es decir el propio Alejo y su hijo Carlos, reclamarían reabrir, o si lo prefiere reconocer la prebenda obtenida, lo que provocó un farragoso pleito con la autoridad, quien terminó por perderlo.
De esa semilla nacería Iusacell.
La firma, como recordará usted, se aliaría más tarde, tras un encarnizado pleito con su rival Telcel a cuya matriz, Teléfonos de México, acusó de utilizar subsidios cruzados para desplazarla en el mercado, con el capital extranjero.
La sociedad, sin embargo, naufragaría finalmente, obligando a Carlos Peralta a vender en un escenario prácticamente de quiebra.
El comprador fue el Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, cuya experiencia en el negocio se había iniciado con la empresa Unefon.
El caso es que en 1997, 40 años después de conseguir la concesión cuya vigencia era de 50 años, Iusacell inicia un procedimiento para renovarla, planteando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un esquema de negocio para su explotación integral. La respuesta es un silencio espeso de 12 años, en cuyo intermedio se obliga a la solicitante a recurrir a un amparo en reclamo de una evidente violación al Artículo octavo de la Constitución.
Concedido éste, la dependencia mantuvo cerradas las puertas, pese a la posibilidad de ser acusada de desacato.
La concesión, de acuerdo a la Ley, se venció hace dos años, en un escenario en que se discutiría varias veces el monto de la contraprestación, no así el si se renovaba ésta.
La respuesta final, decíamos, llegaría el 20 de agosto pasado, con un portazo en la nariz de la solicitante.
El problema, contrapelo del trato terso otorgado a la Telefónica México, subsidiaria de la Telefónica de España, y a la firma estadounidense Nextel, es que el golpe a Iusacell no fue el único.
En el paquete, aunque se le renueva la concesión -digo, si coloca en la mesa una contraprestación de 800 millones de pesos- para seguir operando en la banda de los 800 megahercios, se le limita a utilizar la tecnología analógica, en un escenario en que el futuro es de la digital.
Haga de cuenta un automóvil destartalado frente a la posibilidad del híbrido.
Por lo pronto, la empresa pondrá en la mesa hoy un colosal legajo de documentos para seguir el procedimiento, por más que sus abogados ya están preparando un amparo.
La exposición de motivos hablaría de que, además de la propia SCT, en octubre de 2006 la Comisión Federal de Telecomunicaciones había emitido una opinión favorable para renovar una y otra concesiones en términos que mantuvieran viabilidad en la compañía.
La guerrita, pues, va para largo.
De resultar correcta la versión que corre entre la élite empresarial, el presidente Felipe Calderón estaría preparando un cambio en cadena del Gabinete
El único sacrificado, en tal caso, sería el titular de Turismo, Rodolfo Elizondo.
De entrada, el frustrado candidato panista al Gobierno de Nuevo León, Fernando Elizondo, entraría al relevo de Jesús Reyes Heroles en Petróleos Mexicanos
A su vez, la titular de ésta, Georgina Kessel, se iría a la Secretaría de Economía en sustitución de Gerardo Ruiz Mateos, quien pasaría a Turismo.
Cambiar, pues, para quedar igual.
PAPA CALIENTE En lo que constituye un primer acuerdo entre las fracciones priista y panista en la Cámara de Diputados, la codiciada presidencia de la Comisión de Hacienda se le entregará al blanquiazul.
El designado, de mantenerse intacto el pacto, sería el diputado Mario Becerra, un prestigiado fiscalista con una larga experiencia.
La designación se haría a contrapelo de la opinión del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, cuyo gallo para la papa caliente era el priista Oscar Levín Coppel.
El problema para éste es que los propios panistas objetaron la posibilidad, alegando su cercanía con el funcionario, a cuyas órdenes trabajó como director de la Casa de Moneda de México.
Ahora que Becerra le ha ganado más de un docena de juicios a la dependencia por concepto de devolución de impuestos.
Aparentemente, a cambio de ello, el PAN no se opondría a la reelección del Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, a quien se ubica como una pesadilla para los dos últimos gobiernos.
DEPRESIÓN AL ALZA Agudizados los problemas de depresión de la población ante la crisis económica del país, hete aquí que el mercado de antidepresivos alcanza un valor de 140 millones de dólares.
Se estima que 10 millones de mexicanos enfrentan el flagelo.
El fármaco que lleva la delantera en los tratamientos es Prozac, alcanzando su nivel estelar tras 20 años de presencia en México.
El horizonte alcanza a 20 antidepresivos, cuyas firmas más favorecidas son Eli Lilly, de Carlos Baños; Pfizer, de Jorge Bracer, y Glaxo Smith Kline, de Oswaldo Gola.
