El caso Juanito muestra plásticamente las debilidades del sistema político mexicano y la fragilidad de la incipiente democracia electoral. En él se funden las carencias institucionales y culturales; la ausencia de instancias jurisdiccionales confiables y reconocidas por un sector importante de la población mexicana y la presencia de un grupo cuantitativamente significativo que persiste en sus prácticas caciquiles.
Todos los partidos políticos han mostrado en diversas ocasiones su incapacidad para organizar elecciones internas, tanto para elegir a sus dirigentes como a sus candidatos. Aunque el Partido de la Revolución Democrática lleva una clara delantera sobre el resto de los institutos políticos, pues casi todos sus procesos de elección que recurren a un procedimiento abierto a toda su militancia, terminan en un conflicto interno.
La inconformidad con las instancias partidistas se manifiesta claramente en el número de juicios para la protección de los derechos político-electorales, que en buena medida tienen que ver con los procedimientos internos de los partidos. Como botón de muestra en agosto de 2009 recibieron 4,647 recursos de los cuales casi las tres cuartas partes (3,432, equivalente al 74%) fueron de este rubro. Y no hay partido que se escape; todos están igual.
Pero lo peor, tampoco las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gozan de plena credibilidad y confianza y sus resoluciones también son cuestionadas. El Tribunal debiese ser la instancia para resolver pacífica y legalmente los conflictos y diferencias, pero en ocasiones sus decisiones son precisamente la fuente del conflicto. Dos ejemplos particularmente relevantes son la ratificación del triunfo de Jesús Ortega, como dirigente nacional del PRD, y la revocación de la designación de Clara Brugada como candidata a jefa delegacional en Iztapalapa.
Especialmente, en este segundo caso, la decisión del TEPJF se vuelve cuestionable porque la Sala Superior decide ejercer su facultad de atracción y resolver un asunto que debía ser resuelto por la Sala Regional del Distrito Federal; y, por que el momento de la decisión violentaba los tiempos del proceso electoral e impedía volver a imprimir las boletas electorales para asegurarse que aparecieran los nombres de los candidatos correctamente.
Unos días después de la resolución de la Sala Superior, tuve la oportunidad de acudir a dialogar con los siete magistrados, en compañía de otros integrantes del Comité Conciudadano para la Observación del Proceso Electoral; éstos nunca dieron un argumento convincente para justificar el ejercicio de dicha atribución.
La fracción XVI del artículo 189, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que es competencia de la Sala Superior: “Ejercer la facultad de atracción, ya sea de oficio, o bien, a petición de parte o de alguna de las Salas Regionales, para conocer de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, de acuerdo con lo previsto en el artículo 189 Bis de esta ley…”.
Y los magistrados nunca pudieron justificar que ese asunto lo ameritara, pues sus argumentos tenían que ver con la seguridad de los magistrados de la Sala Regional; el conocimiento de los documentos básicos del PRD que ya tenía la Sala Superior –dado que ya habían resuelto el caso de la dirigencia nacional—; la rapidez con la que ellos podían atender el asunto –aunque para decidir sobre atraer o no se tomaron más de una semana-; en fin, argumentos que nada tenían que ver con la importancia y trascendencia del asunto en sí mismo.
Esto se agrava ahora que los mismos magistrados decidieron que no atraían los recursos interpuestos por la anulación de las elecciones en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. Así atraen asuntos que tienen que ver con las elecciones internas de los partidos, pero no los que tienen que ver con las elecciones constitucionales. Es absolutamente ilógico. El Tribunal contribuyó a generar más confusión.
Y además, como ya no se podía hacer el cambio de candidatos, para permitir que Clara Brugada apareciera en la boleta, aunque fuera como candidata del Partido del Trabajo y Convergencia, le dio pie a Andrés Manuel López Obrador para seguir destruyendo las instituciones e imponiendo su voluntad unipersonal en los partidos que se lo permiten.
La solución que propuso, es un verdadero galimatías, que no permite conocer la voluntad mayoritaria del electorado. La propuesta de que la gente votaba por Brugada en los recuadros en los que aparecía el nombre de Rafael Acosta, “Juanito”, porque éste una vez electo, renunciaría para dejar el paso libre a la designación de la primera; además de que el nombre de Brugada aparecía en el lugar del PRD, donde la verdadera candidata era Silvia Oliva, impide conocer por quién votó la ciudadanía. Así que afirmar que la gente votó por Juanito, porque quería que Brugada los gobernara es temerario, como también lo es que Juanito crea que votaron por él.
Y para continuar con esta cadena de aberraciones, una vez que Juanito se supo ganador, lo deslumbró el protagonismo público que logró y el dinero que iba a manejar como delegado, los vicios humanos: vanidad y avaricia. Al final todo indica que sucumbió ante las presiones y tentaciones del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que le ofreció recompensarlo con cinco puestos importantes dentro del Gabinete de la delegación y algo más que no conocemos, pues otra vez la negociación se realizó en lo oscurito y lo que menos importó fue la voluntad popular.
Esta es la fragilidad de nuestra incipiente democracia electoral.
