El ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, aseguró que no corresponde a esa instancia interponer sanciones.
El presidente Felipe Calderón, el Congreso de la Unión y las autoridades locales en Oaxaca tienen en sus manos la determinación de iniciar juicio político en contra de Ulises Ruiz, gobernador de la entidad, como principal responsable de la violación de derechos humanos y omisiones durante el conflicto magisterial, político y social de 2006 y 2007.
Así lo dejó entrever el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, quien aseguró que no corresponde a esa instancia interponer sanciones.
"Nosotros cumplimos con lo que nos manda la Constitución de hacer la investigación, señalar si hubo violaciones graves y el nombre de las personas que cometieron esas violaciones graves", indicó.
Al concluir el "Seminario sobre Litigio de Interés Público", el ministro insistió que lo importante en este caso fue la intervención de la SCJN para investigar, a través de una comisión, los hechos ocurridos en la capital oaxaqueña y en los municipios conurbados.
Cossío Díaz dijo que "no es un asunto menor" que la Corte se haya pronunciado respecto al conflicto en Oaxaca.
Destacó que a pesar de que la postura de tres de los ministros fue por señalar que, además de las acciones violentas y los excesos del uso de fuerza de las autoridades locales, también hubo omisión por parte de las autoridades federales para ordenar la intervención de las fuerzas de seguridad pública y auxiliaran a la legislatura local y al gobernador.
Sin embargo, esa postura no prosperó y sólo quedará suscrita en el dictamen final como una postura personal.
Entrevistado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ramón Cossío indicó que además de responsabilizar al gobernador priísta Ulises Ruiz por los hechos de violencia en Oaxaca, están una serie de nombres, todos ellos autoridades locales.
Explicó que a diferencia de eventos como los suscitados en Atenco y Aguas Blancas, en el conflicto magisterial, que duró poco más de nueve meses en Oaxaca, faltó "una actuación a tiempo", lo que generó las violaciones.
