Informes. El Comité Municipal del PAN anunció que ciudadanos pueden enviar comentarios a cdmpangp@hotmail.com o llamar al 723 60 28 y 714 44 09. EL SIGLO DE TORREÓN / JESÚS HERNÁNDEZ
Con la firma de casi diez mil gomezpalatinos, el Partido Acción Nacional (PAN), recordó que legalmente es posible que la ciudadanía, sin necesidad de ser militante de ningún partido político y sólo con ser parte del padrón electoral, pueda rechazar la solicitud del préstamo bancario por 252 millones de pesos aprobado por el Cabildo que incrementará la deuda pública del Municipio a más de 500 millones de pesos.
Lo anterior porque la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango cita en su Artículo 22, como mecanismo de participación: El Referéndum, que tiene por objeto, someter a la aprobación o rechazo de los ciudadanos duranguenses -entre otras cosas- las disposiciones administrativas de observancia general que expidan los ayuntamientos.
Según la fracción II del Artículo 29 de la misma Ley, el referéndum puede ser solicitado por "el tres por ciento de los ciudadanos duranguenses inscritos en la lista nominal de electores correspondiente al municipio". Este porcentaje equivale a 9 mil 371 personas del total de la lista nominal que es de 312 mil 372 electores.
El presidente del PAN en Gómez, Alejandro Zúñiga, dijo que desde este fin de semana se repartieron 5 mil volantes con información sobre el crédito aprobado por el Cabildo a pagar en 15 años con pagos mensuales de casi 2 millones de pesos.
"Opciones hay muchas, bajar el gasto corriente por ejemplo, pero no endeudar más al Ayuntamiento", dijo Zúñiga, quien anunció que pedirán firmas a ciudadanos para aprobar o rechazar el crédito según lo decidan.
El préstamo
Sobre el Crédito de 252 millones de pesos:
⇒ El Ayuntamiento no ha informado a la ciudadanía el destino del préstamo aun cuando los ciudadanos lo pagarán con sus impuestos y en 15 años.
⇒ Un principio rector de la participación ciudadana, según la Ley estatal, es la "Legalidad, interpretada como la garantía de que las decisiones de Gobierno serán siempre apegadas a derecho; con seguridad para la ciudadanía en el acceso a la información y con la obligación expresa por parte del Gobierno, de informar, difundir, capacitar y educar para una cultura democrática".