Durante 13 años se ha venido desahogando un litigio mercantil entre la cadena de tiendas de autoservicio Gigante contra los almacenes Blanco.
En lo que constituye una raya más al tigre, la justicia lleva 13 años desahogando un litigio mercantil entre dos cadenas de tiendas que en la práctica ya no existen bajo las mismas razones sociales, sin que se avizore aún el punto final. La cadena de tiendas de autoservicio Gigante contra los almacenes Blanco, cuya manzana de la discordia es un depósito de 150 millones de pesos, a título de garantía de pago de pasivos ocultos a la venta de los segundos a la primera.
La operación se cerró en noviembre de 1992, es decir, hace 17 años, tras un pacto de caballeros entre los propietarios de uno y otra: Ángel Lozada Gómez y Estanislao Blanco Caldevilla.
El primero murió al inicio de un farragoso proceso en que el procedimiento se ha repuesto una y otra vez; las pruebas de cargo se han extraviado; se recurrió, en el inaudito, a cuatro peritajes, cuando la ley sólo contempla un máximo de tres, en un escenario en que ambos contendientes se levantaron varias veces el brazo.
El último episodio lo firmó el 15 de octubre pasado el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal, quien le concedió a Gigante un amparo, negado originalmente por un juez de Distrito.
Éste, bajo la fórmula de "para efectos", obliga a reponer el procedimiento que derivó en una sentencia de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que le daba parcialmente la razón a Blanco... quien también solicitó un amparo, que le sería negado en definitiva.
El último round apuntaba a dirimir la justeza del pago de 2 millones de pesos exigido a Gigante por concepto de intereses moratorios del remanente del depósito, a razón de Cetes a 28 días multiplicados por dos, bajo el supuesto que la mora había sido de sólo 11 días.
La pretensión original de Blanco era que se le cubriera la totalidad de los años transcurridos, cuyo monto lo calculaba hace tres años en 795 millones 962 mil 679 pesos.
Sin embargo, su pleito era dual: por un lado no reconocía como válidas las cuentas de Gigante que hablaban de haber erogado 123 de los 150 millones dejados en prenda, y por otro tampoco aceptaba que fuera válido el haber depositado los 27 millones remanentes en un billete de depósito de Nacional Financiera.
De haber ganado la primera alternativa, la cuenta, ¡válgame Dios!, llegaría a la escalofriante suma de 4 mil 422 millones 42 mil pesos, calculada ésta hace tres años.
Lo que parecía pues, el pleito mercantil del siglo, se diluyó en un piquito... que la compañía Gigante se negaba a pagar.
El alegato de la empresa Blanco se sustentaba en un peritaje firmado por el contador público René Oscos Basurto, en el que se estipulaba que Gigante no cumplió las reglas del convenio firmado a la entrega del depósito de 150 millones de pesos otorgado para cubrir supuestos pasivos ocultos de las tiendas adquiridas, con una extensión de tres años para descubrirlos.
El total de recursos o su remanente debía entregarse el 9 de febrero de 1996, día en que Gigante exhibió los 27 millones.
El problema es que el convenio exigía que 48 horas antes de cubrir algún pago Gigante le comunicara a Blanco de éste, para analizar la justeza.
Y el problema, más allá, es que en la lista de cuentas pagadas se incluían sólo copias fotostáticas de facturas, cuya validez rechazan tanto los tribunales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Más aún, los pagos debían analizarse en paralelo por el despacho contable Galaz, Gómez Morfín, Chavero Yamasaki, quien, llevado el asunto a los tribunales, no fue llamado a declarar.
Repuesto el procedimiento ante la protesta de Blanco, éste señalaría que el informe sobre el supuesto pago de deudas ocultas por 123 millones de pesos no fue elaborado por el despacho, sino transcrito de acuerdo a lo dictado por Gigante.
La paradoja del caso es que quien llevó el asunto a los tribunales fue la todavía cadena de autoservicio, bajo el alegato de que Blanco se había negado a recibir el remanente del depósito en su momento.
Más todavía, se aducía que éste no objetó en su momento la improcedencia de los pagos realizados por la empresa Gigante, ni tampoco se deslindó del arbitraje que había realizado el propio despacho Galaz, Gómez Morfin, Chavero, Yamasaki.
Total, que un litigio que pudo haberse desahogado en semanas se ha extendido, decíamos, 13 años... y va por más.
Justicia a la mexicana.
Sin mencionarse al presidente de la República, bajo el clásico te lo digo Agustín para que lo entiendas Felipe, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reaccionó con furia a las declaraciones de éste, señalando que las grandes empresas del país rara vez pagan impuestos.
Éstas, dijo la ira arropada con la diplomacia, cubren sus obligaciones tributarias de acuerdo con lo que marca la ley, con la novedad de que el gobierno las audita, en paralelo a sus propios controles internos y auditorías, además de otros mecanismos de supervisión.
A nosotros que nos esculquen, pues.
Este tipo de declaraciones, dicen, dan motivo a que se polarice la sociedad, cuando lo importante es crecer, invertir y generar empleos.
Lo cierto, más allá de los bandazos presidenciales, es que en el pecado la cúpula de cúpulas llevó la penitencia, al enfocar en estricto su batería al tema de la consolidación fiscal que afecta a 420 empresas, a soslayo del resto de las cargas que afectan a miles de ellas. Se diría que la pelea se dio sólo para su patrocinador, es decir, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
HORA CERO PARA SAMSUNG Esta mañana el Comité de Obras Públicas de Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezado por el director corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, Jorge Borja Navarrete, decidirá el futuro de la contratación del llamado paquete uno de los combustibles limpios para las refinerías de Tula y Salamanca.
La licitación original fue declarada desierta al no cumplirse los requisitos técnicos requeridos por parte de todos los competidores.
La alternativa habla de dos caminos: replantearla con los tres postores que presentaron la mejor oferta, o jugar la carta a una invitación restringida. En este supuesto se dejaría fuera a Samsung, la firma coreana a la que se acusa de haber replanteado su oferta a contrapelo de las bases, por más que ésta fue la más atractiva.
En la pelea están además la firma italiana Saipem e ICA Fluor Daniel.
¡MILAGRO! A contrapelo de la consigna, finalmente desde Los Pinos se le permitió al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, colocar una ficha en el tablero: Cristina González ocupará la vacante de la Dirección de Afiliación y Cobranza del organismo.
La funcionaria es egresada de la Escuela Libre de Derecho, especializándose en seguridad social. Su tarea será buscar vías para promover la incorporación de agentes de seguros, agentes de ventas, comisionistas y demás, cuyas firmas a que sirven eluden su incorporación a la seguridad social. La meta, por lo pronto, es incrementar 5% la recaudación.
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