OREGON, EU.- Antonio Carrillo Vera, acusado de matar a dos personas, dejó el pueblo de Independence hace 13 años y huyó directo hacia su tierra natal, México.
Las autoridades del condado de Polk lo acusaban de acribillar a su primo en una lluvia de plomo que también hirió de muerte a la hija de éste, de dos años. Presentaron cargos de asesinato, que pueden conllevar la pena de muerte, contra Carrillo Vega y el FBI emitió una orden de captura.
Sin embargo, esas medidas no sirvieron para traer a Carrillo Vera ante la justicia. La orden del FBI sólo rige en Estados Unidos. Y es muy poco probable que México extradite a un acusado que puede ser ejecutado. Al sur de la frontera, Carrillo Vera vivía en libertad.
Frustrados ante la situación, los investigadores recurrieron al artículo 4 del Código Penal Federal mexicano, que permite a la justicia de México enjuiciar a los ciudadanos acusados de crímenes en el extranjero.
El artículo 4 se está tornando en una herramienta poderosa para castigar a una nueva clase de fugitivos: los mexicanos que matan en Estados Unidos y se esconden en su país. A medida que los carteles mexicanos de la droga se establecen en el estado y la violencia aumenta, los funcionarios de seguridad dicen que esa ley extranjera es la manera más rápida y definitiva de castigar a los asesinos que se escapan.
"Es el brazo de la justicia que se estira por encima de la frontera", dice Raúl Ramírez, ex alguacil del condado de Marion y quien usó el artículo en varios casos entre 1985 y el 2007, cuando se retiró.
Sin embargo, este tipo de casos son caros y complicados. La acusación contra Carrillo Vera demandó la contratación de un traductor autorizado por el gobierno mexicano, que le costó a la policía de Independence casi 3,000 dólares.
Ramírez habló hace cerca de un año con el senador demócrata por Oregon Ron Wyden y le contó que la mayoría de los estados no tienen un sistema unificado para lidiar con estos casos.
Wyden anunció el lunes un proyecto de ley que aceleraría el proceso de presentar casos por el artículo 4 en todo el país y destinaría dinero y asistencia a los pueblos como Independence que necesiten hacerlo. La norma crearía un nuevo cargo en el Departamento de Justicia federal, el de director de procesos penales en el extranjero.
"Algo anda muy mal cuando los asesinos, jefes del narcotráfico y criminales violentos pueden venir a Oregon, cometer crímenes violentos, burlarse del sistema judicial de Oregon y volver a cruzar la frontera para vivir felices por siempre", dijo Wyden en una entrevista.
La noche del 23 de diciembre de 1995, Froylán Orozco Carrillo, un inmigrante legal de 29 años, apareció muerto detrás del volante de su Chevy Cavalier, en el complejo de departamentos Oak Villa de Independence. Tenía dos orificios de bala en la mejilla izquierda y otro en su mano derecha. Después de atravesarlo, una bala de 9 milímetros hirió en la cabeza a Lelianna, su hija de dos años, que murió dos días más tarde.
La policía averiguó que Carrillo Vera estaba peleado hacía tiempo con su primo y estaba enamorado de su esposa.
La pistola semiautomática K.B.I. usada en el crimen apareció en la casa del hermano de Carrillo Vera, en Salem. Según la policía, dos parientes llevaron en auto al sospechoso hasta California y luego éste cruzó a México.
En 1997, con ayuda del Departamento de Justicia de California, la policía de Independence envió las traducciones de los documentos a las autoridades mexicanas, dijo el jefe de policía Vernon Wells.
Agentes del FBI buscaron en vano a Carrillo Vera en México y por diez años la policía del pueblo reabrió el caso con regularidad, sin poder resolverlo.
En diciembre pasado, la policía supo que Carrillo Vera había sido detenido en Zacatecas, al norte de México, gracias a su acusación.
"Entiendo que lo han declarado culpable y que están esperando para sentenciarlo", dijo Wells. "Pero no están apurados por darle una sentencia, así que podrían ser uno o dos años antes de que la reciba".
En entrevista con The Oregonian, Wells admitió que es extraño depender de que un gobierno extranjero castigue un crimen cometido en Oregon, pero dijo que era la manera de obtener justicia.
"Era el último recurso", dijo.
La predisposición mexicana ahorra dinero a los contribuyentes estadounidenses, dijo el ex alguacil Ramírez. Los casos que pueden llevar a la pena de muerte llegan a costar más de un millón de dólares.
Las autoridades estadounidenses sólo recurren al artículo 4 para casos de homicidio, para no sobrecargar a las cortes mexicanas, agregó.
"La cooperación podría terminarse en cualquier momento si les exigimos de más", dijo.
El senador Wyden dijo que la resistencia de México a extraditar a sospechosos que podrían ser ejecutados hace necesario este tipo de acciones. Además, la policía en Oregon ha visto un aumento fuerte de los crímenes por los que ciudadanos mexicanos suelen huir de regreso a su país.
"Un pandillero mexicano ha sido acusado de un asesinato en Salem, en el Northgate Park, y se cree que está en México", manifestó Wyden. "Gracias al artículo 4, se lo puede juzgar y encarcelar en México por mucho tiempo, si es hallado culpable".
La policía acusa a Lorenzo García Ceja, de 17 años, de encarar a tres individuos en el parque el 26 de mayo y abrir fuego, matando a Montez Bailey, de 21 años, e hiriendo a Skylar Hyland, de 21, y Cameron Carolino, de 20.
