No veo cuál pueda ser el impedimento para que el abogado Arturo, dos veces, Chávez, propuesto por el presidente de la República, tome posesión de la oficina donde despacha el titular de la Procuraduría General de la República, previa ratificación de la Cámara Alta. Es cierto que fue coordinador de asesores de Diego Fernández de Cevallos en el Senado; lo que no lo inhabilita para ser procurador, pues se ha creado una serie de conjeturas, unas reales y otras imaginarias acerca de la personalidad de ese personaje, cuyo nombre no viene al caso mencionar, excepto quizá que junto con su equipo litiga en los tribunales donde, se dice, sin mayor comprobación, que aprovecha sus influencias políticas para favorecer los negocios judiciales que tramita su despacho. Lo cual puede que sea falso, pero también puede que sea cierto. En descargo de esa acusación, de futuras componendas, les puedo asegurar que la mandíbula del propuesto, contrariamente a lo que podría pensarse, luce despejada. En Chihuahua lo recuerdan con resquemor, de cuando estuvo al frente de la Procuraduría, en los tiempos que gobernaba, el de los peces gordos, Francisco Barrio Terrazas.
Aquí es donde la puerca tuerce el rabo, pues le tocó por azares del destino asumir el cargo en un periodo álgido cuando se agudizó el problema de las muertes en Ciudad Juárez. Una anécdota en la que se le atribuyen declaraciones, que seguramente son falsas, pues no es creíble que Arturo, dos veces Chávez, careciera de sensibilidad para no darse cuenta que el peso de sus palabras iba a provocar manifestaciones de repudio. Sin aclarar lo que significaban sus palabras, dijo que a las mujeres de Juárez las violaban y mataban por ser prostitutas. Pudo haberse quedado callado y no hubiera levantado el furor popular, ya que su reputación quedó por los suelos ante diversos organismos nacionales e internacionales. No nos dijeron en qué contexto hizo las aseveraciones que ahora se le critican, pero hayan sido como hayan sido ahora sirve de base para que un legislador del Parlamento Europeo pida al Senado mexicano no ratificar la designación de Arturo, porque considera que su actuación, como procurador local en Chihuahua en la investigación de los asesinatos de "cientos de mujeres" dejó mucho qué desear.
"Premiar con el más alto puesto del país, en materia de justicia, justamente a una persona bajo cuyo mando ha proliferado impunemente el caso de los feminicidios constituye la señal más negativa sobre la seriedad del combate a la impunidad por parte del Gobierno de México", expresó el eurodiputado español Raúl Romeva, quien fue el autor del informe del Parlamento Europeo del año de 2007 sobre las muertes de cientos de mujeres en México, el nombramiento, expuso, del dos veces Chávez "es como poner al zorro a proteger las gallinas". Pero no se crea usted que todo ha sido censura a la tal designación. El panista Gustavo Madero, presidente de la junta de Coordinación Política del Senado, descalifica la demanda del eurodiputado español de denegar la ratificación, aseverando que es un parlamentario, no todo el Parlamento Europeo, lo que, agrega, no deja de ser una opinión como habrá muchas diversas, concluyendo que siendo nada más un diputado, al igual que la aparición de la proverbial golondrina, no logrará hacer verano, (refrán citado en el capítulo XIII, 1° parte de la obra El Quijote, o referido a la Misión de San Juan Capistrano, en donde con puntualidad las golondrinas regresan cada año el 19 de marzo, anunciando que ha llegado el verano).
Esto de la necesidad de la ratificación congresional, no es algo que pueda ignorarse diciéndose que es un mero trámite administrativo, aduciendo que el Senado está obligado a ratificar todo lo que llegue del Ejecutivo, ya que no es así. El Artículo 76 de la Constitución, ordena como facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, fracción II, "ratificar" el nombramiento que haga el Ejecutivo Federal del procurador general de la República, en tanto la fracción IX dice que es facultad del Ejecutivo designar al procurador "con la ratificación del Senado", por su parte el 102 del propio ordenamiento, ordena que el Ministerio Público de la Federación estará presidido por el procurador, designado por el Ejecutivo "con ratificación del Senado". Es obvio que no es un trámite administrativo. La hermenéutica jurídica nos apunta a que si no existe la ratificación, el funcionario lo sería de hecho pero no de derecho y sus actuaciones estarán viciadas de nulidad. La inaplicación del consentimiento del senado implicaría una reforma de facto a la Constitución. En fin, hay quienes afirman que sería una buena jugada del presidente, quien conociendo que la designación sería rechazada por los senadores, estaría quitándose de encima una sugerencia de un bufete jurídico que ya lo tiene hasta la coronilla.
