La décimo novena reunión Cumbre Iberoamericana que reúne en Portugal a los gobiernos de España y los países formados bajo el proyecto cultural hispánico, ha estado dominada por el tema de las elecciones celebradas el domingo en Honduras, en un esfuerzo de dicho hermano país por salir de la crisis política que lo azota desde hace cinco meses.
El tema ha dividido a los gobiernos hispanoamericanos, ya que algunos países como Costa Rica, Colombia y Perú reconocen las elecciones como la vía adecuada para resolver la cuestión, otros en cambio como Venezuela y Brasil se han radicalizado y han hecho del regreso al poder de Manuel Zelaya, condición indispensable para cualquier solución posible.
La caída de Zelaya es calificada como Golpe de Estado por sus partidarios, en tanto que sus detractores consideran que hubo un proceso ajustado a la legalidad para deponer al ex presidente, una vez que puso en marcha un intento para reformar la constitución del país en aras de su propia reelección.
El presidente de Costa Rica Óscar Arias, que al inicio fungió como mediador entre las partes en conflicto, se ha convertido en el principal defensor de las elecciones como oportunidad para salir de la crisis. Su postura es de elemental sentido común, puesto que los que cifran la solución en la permanencia de Zelaya soslayan que la inminente conclusión del período de gestión del ex mandatario, impide considerar viabilidad a su regreso.
Se antoja increíble que una parte de la comunidad internacional se haya cerrado desde un principio a la alternativa electoral y en lugar de haber reforzado la presencia de observadores o de hasta exigir condiciones de transparencia en el proceso para condicionar su reconocimiento, se haya alentado la polarización descalificando en forma prejuiciosa los resultados.
Lo anterior ha sido analizado por el presidente costarricense Óscar Arias, mediante un argumento de mayor razón basado en una comparación histórica, en virtud de la cual los propios países como Argentina, Brasil y otros que hoy día se oponen a la solución electoral, vienen de procesos democráticos iniciados en elecciones realizadas en el marco de gobiernos militares.
Resulta incongruente que entre los apoyos que recibe Manuel Zelaya se encuentre el del Gobierno cubano de los hermanos Castro, que después de haber llegado al poder por medio de una revolución violenta, han permanecido en el poder durante los últimos cincuenta años sin permitir la existencia de otros partidos políticos distintos al suyo y con dispensa de cualquier proceso electoral o de consulta, los descalifica para opinar al respecto.
Otros apoyos de Zelaya se encuentran en los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, cuyos presidentes han socavado el sistema democrático "desde dentro" al llegar al poder por vía electoral y una vez instalados, se han dedicado a desmantelar las instituciones democráticas mediante reformas constitucionales instrumentadas desde la cúpula, que les han brindado la oportunidad de una reelección que se advierte indefinida y los ha convertido en autócratas.
Este fenómeno de malograr el ejercicio democrático a base de reelecciones ilimitadas la conoce de sobra el pueblo mexicano, que por treinta años soportó la dictadura porfiriana que desembocó en una revolución armada que costó un millón de vidas humanas bajo la bandera del sufragio efectivo y la no-reelección.
Es evidente que la lucha en el caso de Honduras y de la América Hispana, se plantea entre quienes desean la renovación sucesiva de los gobiernos como condición para mantener la democracia en marcha y quienes califican la calidad democrática de los gobiernos, atendiendo a prejuicios de conveniencia ideológica en relación con quién esté en el poder en un momento dado.
En el caso concreto el criterio referido con anterioridad opera como sigue: si un autócrata de izquierda como Hugo Chávez se encuentra en el poder la democracia brilla en su mayor esplendor y en cambio, si es un adversario político de esa misma izquierda el que ostenta el poder público, entonces la democracia no existe.
El caso es que el período de Gobierno de Zelaya llega a su fin y la vida social e institucional de los hondureños continúa.
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