Gran efervescencia política produjo la detención y arraigo de 27 funcionarios, entre municipales y estatales, se dice, sin que haya elementos probatorios suficientes y sin que se avisara previamente a las autoridades locales de la operación policíaca. El gobernador de Michoacán, donde sucedió el hecho, Leonel Godoy Rangel, primero se quedó alelado, como si el asunto no le concerniera o aún fuera un mecanógrafo de las autoridades, en el transcurso de los días reaccionó y dijo acerca de lo que calificó de levantón, que sin duda alguna, tiene tintes electorales. Los acusa, a los que ordenaron e hicieron las detenciones, de intromisión en los asuntos de un estado autónomo. Como le arraigaron al procurador general de justicia. Godoy se concretó, mientras desayunaba unos huevos tibios, a pedir que le den una disculpa pública. No planteó que fuera a hacer algo drástico para deshacer el entuerto. Los federales sin cumplir requisitos legales aprehenden a presuntos participantes, de conformidad con los pocos datos a su alcance bastándole una presunción de culpabilidad para privar de su libertad, a quienes tacha de colaboracionistas de los malos ¿y el Artículo 14 de la Constitución?
Pero ¿qué hay de cierto en que las autoridades federales cometieron un abuso de poder? Es indudable que no estamos en tiempos normales, con lo que consecuentemente las fuerzas de la Federación se ven en la necesidad de utilizar métodos poco ortodoxos. Se trata de perseguir criminales de la alta escuela con los que no se puede, ni creen, deban tener contemplaciones. Hay una vacatio legis que es necesaria a juicio de las autoridades para atrapar a personas que en otras circunstancias requerirían enredados requisitos procesales antes de proceder. Siendo así es claro, se afirma, que no existe un abuso atribuible a la autoridad ni por tanto una violación a normas constitucionales. Con ello, agregan, no se está abriendo la puerta para que la autoridad, apartándose de los preceptos que rigen su actuación, se brinque a la torera rígidos principios como el de que tener que comprobar el cuerpo de los delitos y la presunta responsabilidad de los inculpados, obteniéndose previamente a la detención una orden judicial.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont dejó establecido que el Operativo Michoacán fue para rescatar a la política de las tentaciones y presiones a las que está expuesta, enfocadas a superar las condiciones de vulnerabilidad de la autoridad frente a las organizaciones criminales, aclarando que las acciones no se realizan con sesgos partidistas, dado que los operativos son en defensa de todos los partidos políticos, a los que reconoce como instituciones fundamentales para la vida democrática de México y la consolidación de una paz verdadera. En otros tiempos hubo presos políticos que ahí sí, en un abuso de autoridad, se les aplicaba a los sedicentes el Artículo 45 del Código Penal Federal, ya para estas fechas derogado. Eran tiempos diferentes a los de ahora que daba lugar a que se actuara con aparente legalidad para, suponemos, combatir a los enemigos del régimen. No vislumbramos que la autoridad decida ahora seguir otro camino. Lo que enfrenta es de tal importancia que, se dice, tiene que olvidarse por un momento que vivimos en un Estado de Derecho, mientras aparenta, sin éxito, no alejarse de la legalidad. Lo cual se dificulta por las protestas de que las autoridades federales están invadiendo la jurisdicción de las autoridades locales. A mayor razón si las pruebas aportadas no son confiables, con lo cual se equipararía la violencia criminal con la violencia legal.
Por otro lado, la cara contraria revela un centralismo que impide a las autoridades estatales el conservar el mando dentro de su circunscripción territorial. Es un abuso de la Federación en demérito de los derechos que corresponden, de acuerdo con el pacto federal, a una entidad federativa. Estamos caminando, dicen, a un estado de corte fascista. Lo peor es que dicen los del PRD, hay un ánimo de golpear a un partido de izquierda cuyos candidatos a diputados federales son considerados como seguidores del crimen organizado. Aquí se podía aplicar el dicho lo que en el rico es alegría en el pobre es borrachera, pues hay una acusación contra un candidato a diputado federal de origen panista que fue encarcelado en Chihuahua acusado del delito de cohecho, aduciendo iracundo César Nava Vázquez, candidato a diputado federal, ex secretario particular del presidente Felipe Calderón, que la detención de Juan Blanco Zaldívar, así se llama, "fue ilegal, cavernaria y cobarde". En fin, lamentablemente no le preguntaron sobre las detenciones en Michoacán.
Que es necesaria a juicio de las autoridades para atrapar a personas que en otras circunstancias requerirían enredados requisitos procesales antes de proceder. Siendo así es claro, se afirma, que no existe un abuso atribuible a la autoridad ni por tanto una violación a normas constitucionales. Con ello, agregan, no se está abriendo la puerta para que la autoridad, apartándose de los preceptos que rigen su actuación, se brinque a la torera rígidos principios como el de que tener que comprobar el cuerpo de los delitos y la presunta responsabilidad de los inculpados, obteniéndose previamente a la detención una orden judicial.
