El relevo de Luis Téllez al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es simplemente la consecuencia de otra batalla más en la guerra por el control de las telecomunicaciones, en la que el ex titular de la SCT estaba claramente involucrado; precisamente por ello no es una víctima, pues no era ajeno ni inocente, sino todo lo contrario: un feroz combatiente, que sucumbió frente al poder de sus rivales.
La guerra se desata básicamente a consecuencia de la transición tecnológica de lo analógico a lo digital, lo que multiplica las posibilidades de los concesionarios y abre la posibilidad del triple play (voz, banda ancha y televisión), lo que enfrenta principalmente a Telmex y Televisa. Las batallas se libran en muchos frentes y los participantes son numerosos.
Entre los eventos más visibles y que incorporan a diversos actores se encuentran: la denominada Ley Televisa (impulsada por la televisora a través de los ahora líderes de las bancadas priistas en las dos cámaras: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón) entre diciembre de 2005 y abril de 2006; obviamente, la controversia constitucional contra la misma interpuesta por alrededor de medio centenar de senadores que se oponían a la misma, que fue resuelta en definitiva por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en junio de 2007; los amparos que interpusieron Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous para ser reconocidos como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cargo que asumen el primero de septiembre de 2008.
Mientras tanto, en junio de 2008, Beltrones propuso una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para entregar a los concesionarios que detentan una estación de Amplitud Modulada una de Frecuencia Modulada, sin el pago de contraprestación alguna; y, casi al mismo tiempo, impidió que se aprobara una iniciativa del senador panista Ricardo García Cervantes para adecuar la ley de medios a las disposiciones de la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para permitir la plena aplicación de las reformas electorales de noviembre y diciembre de 2007, misma que tras ser revisada para evitar la revocación de una concesión por las violaciones a las normas electorales, acaba de ser aprobada en el actual período legislativo.
Como la iniciativa de Beltrones para entregar las concesiones de FM se encontraba detenida en el Congreso, el 15 de septiembre de 2008, la SCT se adelantó y mediante un acuerdo administrativo tomó la misma decisión; el movimiento generó el descontento de Beltrones, que amenazó con interponer una nueva controversia constitucional, pero finalmente optó por presentar otra iniciativa de ley, en diciembre de ese año, que pretende restablecer mediante una argucia legal la gratuidad y perpetuidad de las concesiones -tal como pretendía la Ley Televisa-.
Pero al interior de la secretaría la disputa era feroz entre el mismo secretario y la Cofetel, particularmente su presidente Héctor Osuna, y por lo mismo, a través del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de enero, convirtió al órgano desconcentrado prácticamente en un asistente del titular de dicha dependencia. Ante la acción los diputados priistas interpusieron una controversia constitucional y el pasado 12 de febrero la SCJN la admitió.
Pero al mismo tiempo se libraban batallas menos públicas: de acuerdo a la ex subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro (según un documento difundido por Proceso): "Existen más de 45 recursos administrativos, juicios de nulidad, amparos y denuncias penales entre particulares y funcionarios públicos, que confrontan al sector y lo paralizan, resultando en una drástica reducción en inversiones". Pero igual hay que considerar las 101 concesiones de radio y televisión vencidas después de agosto de 2007 y que no pueden ser renovadas ante la ausencia de reglas claras, tras la resolución de la Corte; el convenio comercial entre Telmex y Multivisión; y la intención de la Cofetel de recuperar frecuencias de MVS en Guadalajara y Monterrey, "para darle un uso más eficiente y desplegar tecnología para conexiones de Internet inalámbricas", según aseguró Héctor Osuna al diario Reforma, de acuerdo a información publicada el viernes pasado.
De acuerdo con el documento difundido por Proceso las principales posiciones en conflicto son: "la liderada por Televisa, que tiene por objetivo impedir o retrasar al máximo la entrada de Telmex al mercado de video", y "la defensa de Telmex en cuanto a la posibilidad de prestar video sin restricción desde el punto de vista jurídico". Pero detrás de cada uno de ellos (Telmex y Televisa) están alineados muchos jugadores tanto del sector privado (particularmente los involucrados en el sector) como del ámbito político, tanto del Legislativo como del Ejecutivo.
Las grabaciones de las llamadas de Téllez que se difundieron en los medios en febrero pasado, tienen que ver únicamente con uno de los conflictos: el suscitado entre Telmex y Axtel por las tarifas de interconexión.
Pero el relevo de Téllez es la conclusión de una batalla más, pero no el fin de la guerra; ésta todavía no tiene solución (al contrario probablemente se recrudece, pues hay caídos en la acción y eso normalmente enciende más los ánimos), trasciende a los titulares de la Secretaría y lastima seriamente a México, pues la parálisis que provoca se traduce en mayor rezago, precisamente en los momentos en que el desarrollo del sector es prioritario, tanto por el impacto económico inmediato que puede representar la inversión en el mismo en momentos de recesión como por su efecto catalizador del desarrollo en el mediano y largo plazo.
