En el sentido más común y aceptado de la palabra, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton cumplió del modo más diplomático posible su primera misión en nuestro país. Con modos suaves y palabras amables reconoció que el origen de la actual inseguridad en México radica en su propio país, por su ávido consumo de estupefacientes y por el comercio de armas hacia México. Al mismo tiempo, en ese mismo tono afable y simpático desestimó las afirmaciones de funcionarios del gobierno de que forma parte -el almirante Denis Blair, director de Inteligencia, por ejemplo- sobre la dificultad del Gobierno mexicano para regir en todo el territorio nacional. Y para paliar el juicio adverso a México (parte de un cúmulo de observaciones que irritaron al presidente Calderón) consideró que zonas inseguras las hay dondequiera, incluido su propio país. Y hasta recordó que no hace mucho, un cuarto de siglo cuando más, no pocas ciudades norteamericanas eran muy peligrosas.
Esa diplomacia de la ex primera dama norteamericana contrastó con el resultado de la comparecencia de su compañera de Gabinete, la secretaria de Seguridad Interior y ex gobernadora de Arizona, ante un comité senatorial. La señora Napolitano asintió ante la pregunta del ex candidato presidencial John McCaine que da por supuesto que el embate de las bandas de narcotraficantes en México significa una amenaza a la existencia misma de México, sino que anunció que se toman aprestos en la frontera con México preparándose para lo peor. Al menos se ha diseñado un plan de contingencia para responder al "peor de los casos", fórmula que recuerda la estimación militar norteamericana de que aquí, como en Pakistán es posible un colapso súbito y áspero, cuyas consecuencias dañinas se esparcirían a territorio norteamericano.
Sin embargo, no todo en esta visita fue diplomacia en el sentido convencional. Ella misma incurrió en una contravención a las reglas del trato entre dos países amigos cuando anunció el establecimiento de una oficina bilateral con sede en México con el fin de instrumentar las medidas adoptadas en común frente a la criminalidad. En esa oficina, funcionarios de ambos países "trabajarán para combatir a los narcotraficantes y la violencia que tratan de diseminar".
Es necesario que, si no ha ocurrido a estas horas, se formule una precisión respecto del carácter de esta oficina que, por la naturaleza bilateral a que se refirió la secretaria Clinton, debió ser anunciada en una comunicación conjunta de los gobiernos involucrados. Hay una contradicción de origen en que de modo unilateral se haga saber de un mecanismo que convoca a dos partes, sin que el Gobierno de México complete la información o al menos reaccione ante la afirmación de la canciller norteamericana. Sería el colmo, y de eso debemos tener conciencia mediante informes precisos, que la secretaria Patricia Espinosa tuviera noticia de dicha instancia bilateral sólo hasta el momento en que su homóloga se refirió a ella.
Del breve espacio dedicado al tema por la ilustre visitante puede inferirse que se tratará de un espacio ejecutivo, en el que autoridades norteamericanas ejercerán alguna competencia en nuestro país. Si de eso se trata, hay que descalificar la medida, tenerla como inadmisible, pues significaría una intervención en los asuntos mexicanos en nuestro propio territorio. Que el Gobierno de México acepte esa suerte de cogobierno implicaría que es verdadera su insuficiencia para gobernar y requiere por lo tanto asistencia extranjera. Podría tratarse de la matriz de acciones como las que implicó el Plan Colombia, de cuya aplicación ese país está saliendo y "nacionalizando" sus modos de hacer. Si el parangón es válido, resultaría que México comienza una etapa en el combate a la violencia a la que el Gobierno de Bogotá puede ya ponerle fin.
Las bases legales para una oficina de la naturaleza indicada, el estatuto del personal norteamericano que en ella sirva, sus alcances y límites, el carácter de sus funciones, todo eso debe estar claro antes de que se cumpla el aviso formulado de modo antidiplomático por la responsable de la política exterior norteamericana. Por más precarias que fueran o sean las condiciones de gobernabilidad de nuestro país, México no es un protectorado que requiera ampararse bajo el poderío norteamericano. Si esa es una consecuencia de la Iniciativa Mérida -y acaso lo es porque la mención de Clinton a la oficina apareció en el contexto de los helicópteros que es posible comprar con dólares aportados por su Gobierno- el Senado tendría que ponerse en alerta porque el Ejecutivo mexicano estaría yendo más allá de sus capacidades para tratar con los gobiernos extranjeros.
Lejos estoy de invocar un aislacionismo nacionalista como el que sirvió al sistema autoritario mexicano, durante décadas, para mantenerse al margen y a salvo del escrutinio internacional. Digo que no es debido compartir el poder con una potencia extranjera y eso parece significar la oficina bilateral anunciada. Nadie duda que ante la internacionalización de la delincuencia su combate ha de ser igualmente trasnacional.
Pero éste debe basarse en reglas claras de cooperación, no de subordinación y menos aún de sometimiento a una supervisión nacida de la desconfianza. El mecanismo para imprimir eficacia a un esfuerzo común contra la criminalidad debe moverse desde cada país conforme a sus propias leyes. Lo contrario será dar la razón a quien nos tenga como Estado fallido.
