Basta revisar, obviamente con juicio crítico, los principales noticieros de radio y televisión, las páginas de la mayoría de los periódicos mexicanos y los análisis y opiniones de algunos "prestigiados" columnistas y analistas políticos para descubrir que una gran cantidad de recursos públicos llega por las más diversas vías a sus bolsillos a cambio de promover la imagen personal de varios políticos mexicanos.
Por ello es importante la congruente y valiente denuncia de El Diario de Yucatán, sobre la propuesta que le hizo el director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez, de facturar tres millones de pesos por publicidad a dicha dependencia, pero que la contraprestación sería la difusión de la imagen del candidato panista a la gubernatura de Campeche, Mario Ávila Lizárraga.
La denuncia devela la perversa relación del poder público con periodistas y medios masivos de comunicación (afortunadamente con honrosas excepciones); porque deja de manifiesto por qué fracasan todos los intentos por lograr la equidad en las contiendas electorales por la vía del control del dinero que oficialmente gastan los partidos, y hoy hasta el no dejarles vía para comprar espacios en radio y televisión, porque el problema está en lo que ellos no gastan; porque evidencia la facilidad con la que el dinero ilegal (porque no hay duda de que el desvío de recursos públicos para fines político electorales es ilegal) puede ingresar en las campañas electorales.
Pero la principal preocupación deben ser las respuestas prácticas, las acciones concretas que se traduzcan en obstáculos y frenos a estas actuaciones. No basta la interposición de denuncias o las declaraciones estridentes, los dirigentes de los partidos políticos y los legisladores tienen que asumir su responsabilidad y enmendar sus deplorables omisiones que las hacen posible. Inclusive no bastan las renuncias de los involucrados y ni siquiera su muy poco probable sanción.
Esto es posible por la omisión de los legisladores mexicanos que se niegan a actualizar la Ley Federal de Radio y Televisión; a promulgar una Ley de Transparencia Publicitaria; y, desde luego, a realizar otras reformas que permitan avanzar en la rendición de cuentas de los gobernantes mexicanos en todos sus niveles.
Mucho hemos avanzado, a pesar de que todavía no es suficiente, en materia de transparencia de la información pública gubernamental, pero muy poco o nada en materia de rendición de cuentas, que incluye (además de la transparencia) la necesidad de justificar decisiones y acciones por parte del gobernante y la sanción de los mismos; transparencia sin rendición de cuentas es cinismo, pues lo único que ganamos es conocer con precisión las ilegalidades, irregularidades, arbitrariedades, abusos y demás de los gobernantes, pero sin posibilidad de sancionarlos, como ha sucedido en las últimas fechas en México.
La Ley de Transparencia Publicitaria fue una demanda del denominado Grupo Oaxaca, el 24 de mayo de 2001, es decir, hace 8 años; era parte del paquete de nuevas legislaciones que incluía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (aunque este grupo de académicos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, simplemente la denominaban Ley de Acceso a la Información Pública) y lo que buscaba era poder escudriñar los datos y criterios que siguen las instancias públicas, en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y las tres instancias (federal, estatal y municipal), para gastar en la propaganda gubernamental.
Si existiese una ley de esta naturaleza se podría conocer cuánto le paga Marcelo Ebrard a Televisa, por aparecer en la pantalla cocinando galletitas; o cuánto le cuesta a Enrique Peña Nieto que los reporteros y camarógrafos de la misma empresa, lo sigan hasta Estambul, Turquía, para cubrir su participación en el V Foro Mundial del Agua, del 16 al 22 de marzo pasados.
Pero igual se le podría pedir cuentas a la Lotería Nacional para saber la razón del pago de 3 millones de pesos a un grupo de comunicación si como él señaló en la reunión con los representantes de Megamedia: "
Si se hubiesen realizado oportuna y adecuadamente las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión también se sancionaría, hasta con el retiro de la concesión, la transmisión de publicidad encubierta; si hubiese una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, también quedaría claro quién es el responsable y qué sanciones se aplicarían a titular de la Lotenal por incumplir con "la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos", pues hoy aunque el Instituto Federal Electoral logre fincar la responsabilidad, lo único que hará, conforme al inciso "b", párrafo 1, del artículo 355 del Cofipe es dar vista a su superior jerárquico.
No basta la renuncia de Miguel Ángel Jiménez a la dirección de la Lotería Nacional, no basta tampoco su sanción administrativa o incluso penal, todos los dirigentes de partidos políticos y legisladores que hoy se muestran indignados y sorprendidos, deben canalizar esa energía para que esto no se pueda volver a repetir y eso está totalmente en su ámbito de responsabilidad.
Además de sorprenderse e indignarse deben actuar y cumplir con sus responsabilidades, pues ellos también son cómplices por omisión.
