Es inevitable comentar el esperado anuncio hecho esta semana por el Secretario de Hacienda de la necesidad de mayores ajustes al presupuesto federal, con sus repercusiones en los Estados, para absorber los efectos de la primera gran crisis globalizada de la historia que vivimos.
Como es sabido, nuestra recaudación fiscal es, de por sí, limitada en relación con el PIB; incluyendo los impuestos que tiene que cubrir Pemex, su porcentaje se acerca al 20% como lo registra la OCDE, uno de los más bajos entre los países de este grupo al que pertenecemos. La realidad es, sin embargo, que, sumando todos los causantes, personas físicas y morales, completamos sólo el 9 u 11% del producto nacional. Estos ingresos son claramente insuficientes para permitir una acción gubernamental que atienda necesidades sociales y promueva nueva producción y empleo.
Por otra parte, México está en estos momentos aprisionado por las tenazas de la debilidad económica cuyas raíces vienen de muchas décadas atrás y la intensa recesión mundial que nos llega desde fuera y que nos priva de nuestros ingresos externos más importantes que provienen de exportaciones petroleras y automotrices y remesas. El remedio no puede ni improvisarse ni ser rápido.
No hay más solución que reducir el gasto gubernamental al nivel de la amarga realidad aritmética e intentar aumentar impuestos. La alternativa, a la que nadie quiere recurrir, sería aumentar gastos públicos financiados con un gran circulante sin respaldo, que desataría una marejada inflacionaria devastando los presupuestos domésticos e imposibilitando el poco ahorro que todavía pudiera generarse en una economía severamente comprometida.
Resolver el problema de los pocos ingresos fiscales puede lograrse a mediano plazo con modificaciones a la estructura fiscal. Una vía consiste en modificar el Impuesto sobre la Renta (ISR) a personas físicas haciendo más progresivas sus tasas mientras se mantienen a un nivel moderado para las empresas para estimular la creación de empleos y de reinversión.
Otra vía sería simplificar la red fiscal fijando una tasa única de ISR, lo que ya se anticipa con el IETU actual, con lo que se ahorrarían gastos de administración, se captaría un universo mayor de causantes y, a la postre, se cosecharía una mayor recaudación.
Las "difíciles decisiones" a las que se refirió en estos días el Secretario de Hacienda, tienen que considerar medidas anti-crisis y gastos importantes para ampliar la infraestructura productiva como se está haciendo en otros países con inevitables déficit presupuestales. Tales programas fortalecerán la producción agrícola e industrial si se diseñan con mucho cuidado y se eliminan fugas de corrupción.
El importe de los déficit para 2010 y años futuros, puede quedar compensado con los tan publicitados "sub-ejercicios" que dejaron truncos muchos programas de obra pública en 2009 y años anteriores. Esto los harían menos objetables para los puristas del equilibrio presupuestal.
Los déficit, tanto a nivel de presupuestos familiares como de los nacionales, son perfectamente conocidos y usados, que bien administrados, extienden el poder de compra y consumo más allá de los ingresos corrientes. Así como los aparatos domésticos, los automóviles y las casas se adquieren ordinariamente con préstamos-déficit en la economía familiar, de la misma manera todos los gobiernos, endeudándose, dotan al país de carreteras, comunicaciones, escuelas y tantas otras obras públicas. El único requisito en ambos casos es evitar rebasar la capacidad programada de pago.
No es correcto usar el término "shock" para describir la difícil situación financiera en que ahora se encuentra el Gobierno. El fenómeno de la actual recesión no es asunto repentino. Viene creciendo a lo largo de este año, desde las quiebras de grandes instituciones hipotecarias y bancarias en los Estados Unidos y Europa.
Esto sugiere que su salida también será gradual, con intensos sacrificios comprimidos en los próximos meses. Ellos son el precio que la sociedad mexicana ahora paga para amortizar las muchas décadas acumuladas de descuido y abandono de los regímenes de la "Revolución" a las necesidades nacionales más fundamentales como educación y programación agrícola e industrial.
Queda ahora al Congreso la responsabilidad de legislar, reponiendo tiempo, no bajo la óptica de intereses partidistas y de corto plazo centrados en la obsesión por 2012, sino entrega nacionalista que prevé con seriedad y solidaridad social planes de largo aliento como lo están haciendo los países de "economías emergentes" que nos rebasan.
