Se pidió a los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 97 de la Constitución se nombrara una comisión que investigue si se registraron violaciones graves a las garantías individuales así como que realmente sucedió en el caso del incendio de la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora. Al saberse, por conducto del presidente de ese alto tribunal, que la Corte entra en uno de los dos grandes períodos vacacionales que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que no es posible acceder, por ahora, a esa petición. A pesar de que durante este periodo nacional de receso judicial se mantienen órganos y comisiones que hacen guardia, la Corte, como descansa, tiene que aplazar, hasta después de vacaciones, cuando se reanuden las actividades jurisdiccionales ordinarias, la decisión de crear o no una comisión que investigue el caso de la deflagración donde a partir del pasado 5 de junio murieron 48 niños. Bien, eso es correcto.
Lo que no lo es, es la insensibilidad de los ministros de la Corte que están jugando con un caso que carece de la frialdad con la que otros asuntos pueden ser postergados sin causar ningún daño a los sentimientos comunitarios.
En efecto, va de casos a casos. No es lo mismo juzgar un asunto que se plantea entre particulares, trátese de asuntos civiles o penales, a aun administrativos o laborales. Sin embargo, los ministros no se han dado cuenta o no se le da la importancia al hecho de que si los mexicanos acuden a ese alto tribunal es por que tienen la seguridad en que se harán las cosas con imparcialidad; lo que honra a la Suprema Corte. Es en sí un voto de confianza que parece desdeñarse. Puede ser que cuando la Corte interrumpía su trabajo, a consecuencia de que se lo permitía una Ley, eran otros tiempos en que los asuntos judiciales no requerían de la premura con la que deben resolverse ahora ciertas cuestiones legales.
Se comprende que los actuales ministros no están acostumbrados a ventilar asuntos de suma urgencia, como es el de permitir que se escuche su criterio sobre un acontecimiento que conmovió a la sociedad mexicana. El que la Corte rechace encargarse apenas de decidir si el asunto es de su resorte para nombrar un comisionado que investigue si hubo o no violaciones graves a las garantías constitucionales, por que son sus días de holganza, ponen en el filo de un cuchillo su responsabilidad para quien, vía los impuestos, cubre sus onerosos sueldos.
El asunto no es común ni corriente. Se trata de dar celeridad a un asunto que se ha caracterizado por su lentitud en la jurisdicción local. Ya se empieza a mencionar que los intereses de unos cuantos impiden que avance el procedimiento. Sea o no cierto la demora en entrar al estudio de la inmolación de niños que llevaron a cabo estos modernos Herodes, se está creando una situación de incredulidad en todo lo que se refiere al trabajo que realizan nuestros gobernantes.
Ya hay voces que manifiestan el descontento contra la conducta que frente a estos hechos asumen las autoridades que habla de una conjura de impunidad. Decían juristas antiguos que una justicia diferida es una justicia denegada. Es posible que se le esté dando tiempo al tiempo, que los días corran en beneficio de los culpables de esta tragedia, esperando que se mitigue, como suele suceder, el ardor público. que el tiempo transcurra en provecho de los culpables, parece que en el fondo es la motivación de todas las autoridades encargadas del caso. Las heridas, aun las más profundas, suelen cerrarse al paso del tiempo.
La demora que significa: dejar las cosas hasta que regresen los ministros de su asueto, ha creado gran expectación. ¿Están protegiendo a los picudos que gozaban de la concesión para abrir la guardería o simplemente pretenden que las voces que claman justicia, con un sentido de vendetta popular, se vayan apagando con el paso del tiempo y el crimen quede tras un velo de impunidad? No sería la primera vez en que ésa fuera una salida al problema.
No obstante, hay una indignación que no cesa, y por el contrario se agrava, con el paso de los días, ¿qué espera la alta burocracia para actuar realizando las acciones legales que correspondan? Uno de los padres, Abraham Fraijo, hombre sencillo del pueblo se dejó arrebatar por la rabia y la impotencia, con los ojos hinchados, transido de dolor, dado que su hijita falleció en el incendio de la Guardería ABC, viéndose frustrado por la decisión de la Corte, dijo "me avergüenzo de ser mexicano". Hasta qué grado llegaría su exasperación, para que exclamara tan tajante expresión de repudio a su nacionalidad, al enterarse que la Suprema Corte de su país prácticamente se niega a estudiar lo que sucedió.
En fin, uno de los lectores escribe una frase lapidaria: "A éstos no les interesa perder el respeto del pueblo, su miedo es el perder la silla poltrona".
