Uno de los puntos más bajos que alcanzó la deleznable Administración de George W. Bush fue cuando autorizó, en su pretendida "Guerra contra el terrorismo", el uso de mecanismos de interrogación que en todas partes del mundo se definen como tortura.
Una democracia funcional que no sólo permite sino que promueve la tortura, y abierta y públicamente además, resulta excepcional. Por supuesto, abusos siempre ha habido: los franceses desarrollaron todo un protocolo para sacar información por medios nada humanos durante la Guerra de Argelia, allá en los años cincuenta. Pero al menos los galos lo hacían a escondidas.
Acá nos encontramos con que altos funcionarios del Gobierno norteamericano hicieron circo, maroma y teatro para que se autorizaran mecanismos de interrogación como el uso de insectos para espantar prisioneros con ciertas fobias, o el simular el ahogamiento para que el torturado soltara la lengua. Y todavía más circo, maroma y teatro, para darle la vuelta a la definición de tortura, y pretender que esas medidas no entraban en la definición.
Por supuesto, el resto del mundo no se dejó engañar; menos aún cuando aparecieron las imágenes de la cárcel de Abu Ghraib, y resultó notorio que la situación se había salido de control. El problema es que la política oficial continuó, y los abusos también. Hasta que llegó el cambio de guardia en la Presidencia, y Obama decidió cortar por lo sano, cerrar el centro de detención de Guantánamo y prohibir cualquier trato inhumano a los prisioneros que todavía andan por ahí como almas en pena.
Sólo que las cosas no son tan sencillas. Por un lado, no hay a dónde enviar a una buena parte de los presos de Guantánamo. No abundan los estados de la Unión Americana que quieran recibirlos en sus cárceles. El sistema penal federal se hace loco para no absorber a esas poblaciones indeseables. Y los aliados de Estados Unidos se han estado rehusando, uno por uno, a albergarlos: si los gringos se metieron en ese berenjenal, los amigos europeos no tienen muchas ganas de sacarles las castañas del fuego.
Pero hay otra complicación: que de acuerdo a la Ley internacional, los funcionarios públicos que ordenaron actos de tortura deben ser procesados judicialmente. Y los que tuvieron que ver con esas violaciones a los derechos humanos conforman un amplio espectro, que va de simples asesores legales hasta el siniestro vicepresidente Dick Cheney y la muy inútil secretaria de Estado Condoleezza Rice.
¿Obama se echará el trompo a la uña de procesar judicialmente a miembros muy importantes de la anterior Administración? La verdad, lo vemos muy difícil. Pero al menos, va a quedar claro que lo ordenado y hecho por ellos estaba mal, que merecer ser condenado.
