Comentábamos hace unos días, en relación con el aniversario de la proclamación de las constituciones mexicanas de 1857 y 1917, lo inútil que puede parecer en estos momentos el proponer la redacción de una nueva Carta Magna, que reemplace a la muy parchada e inoperante que ya mero cumple un siglo sin habernos ayudado mucho que digamos. Y es que hacer algo nuevo cuando lo viejo no fue respetado, y sin que hayan desaparecido las malas mañas e irresponsabilidad de nuestra clase política, no parece tener mucho sentido.
Sin embargo, la tentación de alterar la realidad social, cultural, económica, política y hasta futbolística de un país a través de un nuevo Pacto Social (como diría Montesquieu) sigue latente en muchos países
Tal es el caso de Bolivia, que a lo largo de su historia ha tenido, en promedio, una nueva Constitución cada quince años y para maldita la cosa que les han servido. Claro que no ayuda ser el país más pobre de Sudamérica, que haya habido docenas de golpes de Estado, y que una buena parte de la población ni siquiera habla el mismo idioma que el resto de sus supuestos conciudadanos. O quizá las constituciones no han funcionado precisamente por esos factores. El típico dilema del huevo o la gallina.
El caso es que en estos días, Bolivia está estrenando Constitución. Ésta tiene algunas novedades: en primer lugar, fue aceptada por la ciudadanía mediante una votación popular, algo que no suele ocurrir en ninguna parte del mundo. En segundo, se postula un Estado fuerte, en donde el Gobierno va a meter sus manotas en los asuntos de melón, de sandía y de la vieja del otro día. Y en tercero, y quizá más importante, pretende restañar las heridas y agravios de quinientos años de predominio de la población no indígena por encima de la aborigen. En palabras del presidente Evo Morales, se pretende una refundación de la república, una segunda independencia, un golpe de timón en el rumbo de un país que no las ha tenido todas consigo, perdió su salida al mar, y fue derrotado en la última guerra importante librada entre países latinoamericanos, la del Chaco de 1932-35.
Se supone que con este instrumento legal los indígenas (que son mayoría en aquel país) tendrán una mayor capacidad de decisión. Asimismo, y para calmar ansias, se le otorga una autonomía limitada a varias provincias del Oriente que no han estado muy conformes con las medidas emanadas del Altiplano. La población de estas últimas regiones votó mayoritariamente en contra de la Constitución.
Por supuesto, como suele ocurrir, habría que dejar pasar el tiempo para ver si el documento está en consonancia con las expectativas que en él se han depositado, que parecen excesivas. Y falta ver si se le concede ese tiempo a una Carta Magna que debe presentar resultados que, desde el punto de vista de la población, hagan valer la pena todos los mitotes que se han producido en torno a ella.
