Quizá antes fue mayor y peor, pero tan ajena y tan opaca resultaba la política que, sin pasar desapercibida, la corrupción nunca dejó ver su verdadera dimensión. Hoy, sin embargo, el cinismo y la impunidad con que se practica, es una ofensa brutal a la ciudadanía.
El robo, el abuso, el despilfarro, la dilapidación de recursos públicos y la degradación de la política se practican sin el menor pudor y, lo peor, bajo un manto de complicidad que borra las supuestas diferencias entre los partidos.
En estos días en que la ciudadanía resiente la gravedad de la crisis, esa ofensa se transforma en agravio. Nomás faltaba que con motivo de la alternancia, ahora todos los partidos abusen en su escala y nivel de los recursos y, por lo mismo, dejen impune el abuso. Tanto se nota que, quizá, la transición mexicana haya que entenderla como la "transación mexicana".
Es probable también que la notoriedad de la corrupción constituya el síntoma de gravedad que, en algunas veces, antecede al alivio. Ojalá.
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Sea por que la actual legislatura se despide o por que también se van varios munícipes y gobernadores o porque el ejercicio presupuestal del Gobierno Federal se efectúa de modo inoportuno, no muy claro o atinado, el abuso de los recursos públicos es cada vez más evidente. Los bonos de marcha, los fondos de ahorro, los vales, los helicópteros, los seguros, los salarios máximos, el subejercicio, los pasajes, los peajes, el uso de aviones oficiales para fines personales, el otorgamiento de plazas de último minuto se sienten como una puñalada por la espalda a la ciudadanía.
Tan evidente es el tratamiento del dinero público como un botín particular que, de pronto, se llega a pensar que si el combate al crimen organizado fuera parejo, sería muy difícil establecer la frontera entre delincuencia y política. Incluso algo de injusticia habría en equiparar a los delincuentes con los políticos. Los primeros se la juegan sin facilidades; los segundos con credencial y prerrogativas.
Sí, es duro equiparar a una buena porción de la clase política con el crimen organizado pero, en verdad, son muy parecidos. Resulta inconcebible que la alternancia política tenga entre sus saldos negros el saqueo avorazado por turnos del patrimonio nacional.
De tal modo se conducen los representantes populares o los funcionarios de no importa qué partido que, ayunos de proyectos y programas, interpretan las derrotas como una pérdida de plazas, sueldos, prerrogativas, prestaciones y privilegios que, antes de dejar el cargo o la representación, buscan resarcir a como dé lugar. En el marco del Bicentenario, celebran de una vez a Hidalgo.
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La más simple relación de hechos vinculados con el abuso de los recursos públicos o con la degradación de la política es insultante.
Un avión oficial va y viene a destinos turísticos. Un munícipe otorga de último minuto plazas de trabajo a los suyos para amarrarlos en el puesto. Otro, antes de irse, se autoautoriza una millonaria recompensa. Un diputado, uno solo, devuelve el sobrante de pasajes aéreos y, sin querer, encuera a sus colegas que no regresan ni la goma de los lápices. Esa sola acción pone al descubierto privilegios, prestaciones, prebendas exorbitantes de los diputados que, cuando son vivos, saben cómo acrecentarlos.
Lo peor es que esas prácticas y abusos no sólo se advierten en los que se van, sino también en los que se quedan o llegan.
La Presidencia de la República gasta a manos llenas, mientras reclama austeridad. Los ministros de justicia se molestan con el tope a sus sueldazos. Los nuevos legisladores no chistan porque ya saben cómo emparejarse, aunque la próxima bancada albiazul promete adelgazar sus dietas y ahorrar en los gastos. Y hasta los consejeros electorales que están a punto de irse presionan para partir con la cartera bien surtida.
No importa ideología ni filiación política, en materia de abusos, esa casta se reconoce como tal y, entonces, se encubre con enorme solidaridad. Así, el ex secretario particular y el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Justo Ceja y Raúl Salinas, ya pueden hacer vida social de nuevo, seguros de que el patrimonio construido ya nadie se los quita. El único que tiene algo que lamentar es el ex colaborador de Miguel de la Madrid, el hoy empresario Gastón Alegre (así se llama), porque se le fue de las manos una isla, sí una isla. Así, los helicópteros que Vicente Fox compró, los paga de ladito Felipe Calderón sin avisarle al Congreso.
Tal es la impunidad y el cinismo en materia de corrupción y degradación política que ex convictos chambean como cuadros de la Policía capitalina o, bien, el instigador de un homicidio, como Elpidio Concha, ocupa otra vez una curul y somete al jefe del rebaño diputadil de Oaxaca, Jorge Franco, que tantos y tan buenos servicios le prestó al gobernador Ulises Ruiz, quien nunca dejó de encubrirlo. Vamos, tan democrático es el asunto que hasta la canalla tiene representación en San Lázaro.
El gobernador Enrique Peña a nadie tiene que explicar de dónde sale tanto dinero para el cultivo de su personalidad porque los magistrados electorales no ven nada malo en ello. El dirigente Andrés Manuel López Obrador, que tanto detesta a los peleles, nada tiene que explicar sobre Juanito. El presidente Felipe Calderón puede fustigar la corrupción, acompañado de Elba Esther Gordillo. Los magistrados fiscales hacen del programa de turismo "Vive México" la ocasión para viajar a Cancún con cargo al erario para disfrutar del Caribe, mientras reflexionan sesudamente sobre "los juicios en línea".
La relación de hechos es un insulto.
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Ni un solo dirigente tiene voz para exigir a los suyos comportarse a la altura de la crisis, evitando el abuso y el despilfarro. Y, en esa materia, curiosamente no hay fuego cruzado entre los partidos porque, a fin de cuentas, en la subcultura de la transación mexicana, todos son compadres.
Es probable que hoy la corrupción y la denigración política sean menores que antes, pero son mucho más notorias. Es probable que esa notoriedad sea fruto de las herramientas que con enorme esfuerzo el país se ha dado para transparentar el uso de los recursos públicos, pero es todavía más probable que la sola expresión de esa subcultura sea insuficiente para erradicarla.
Lo evidente es que la corrupción y la degradación política están alcanzado un nivel insoportable en medio de la crisis. La élite política debería tomar nota de eso como también de algo obvio: el afán de construir un régimen plural no supone tolerar una casta variada de rateros.
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