La homilía en la que el Arzobispo de Durango denunció la presencia del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, como avecindado en el Municipio de Guanaceví a ciencia y paciencia de las autoridades, ha dado lugar a una tormenta de declaraciones.
Destaca la reacción del gobernador Ismael Hernández Deras, quien se lava las manos al referir a que cualquier acción de la autoridad al respecto compete a la Federación, a la que enseguida responsabiliza de garantizar la seguridad personal del clérigo, en una actitud que envidiaría el mismísimo Poncio Pilatos.
La respuesta del Gobernador es congruente con la falta de voluntad política en el combate a la delincuencia, que muestra un mandatario cuyo Gobierno ha sido observado en las cuentas del año pasado, en virtud de un subejercicio en el presupuesto destinado a seguridad pública, que sobrepasa los cien millones de pesos. En otras palabras, el Gobierno de Durango dejó de invertir esa cantidad en el rubro indicado, sin otro motivo que su propia indolencia culpable.
Por ello en la medida en que el señalamiento en comento apunta a que el capo en cuestión tiene sentados sus reales en territorio duranguense, resulta inequívoco que toca al Gobierno de dicha entidad tomar cartas en el asunto, sin mengua de la responsabilidad que en el caso atañe al Gobierno Federal.
Si la reacción de Hernández Deras es de escándalo, la del Delegado de la Procuraduría General de la República no lo es menos cuando niega validez termina el lugar "exacto" de ubicación del jefe mafioso de que se trata, demandando la precisión de un instrumento de posicionamiento vía satélite.
La generalidad de los personajes públicos que a nivel nacional fueron entrevistados sobre la afirmación del prelado, repitieron una exigencia de cartabón, en el sentido de que si el Arzobispo posee información de esa naturaleza, está obligado a manifestarla ante la autoridad competente mediante denuncia formal, aportando además los elementos de prueba que justifiquen sus afirmaciones.
A la lluvia de declaraciones sobre el particular, el Arzobispo sostiene que la información es del dominio público y la obtuvo de los reclamos recogidos con motivo de su labor pastoral, lo que en términos de un hombre que tiene entregada su vida al servicio de Dios y de sus semejantes, corresponde al Don de Profecía.
En efecto, profeta no es alguien que adivina el futuro en virtud de poderes mágicos, sino una persona dotada de una sabiduría especial, que denuncia los males de su tiempo por cuenta de quienes no tienen voz y está en aptitud de avizorar las consecuencias que de tales males se pueden esperar en el futuro de la comunidad.
La denuncia profética tiende a interpelar a los poderosos en cuanto a su conducta y al cumplimiento de sus obligaciones, por lo que la misión suele ocasionar incomodidad y en casos extremos provocar odio a los interpelados y al profeta sumirlo en una incomprensión, que puede ir desde la indiferencia hasta la agresión mortal.
En la medida en que el Arzobispo presta su voz para repetir la interpelación de su rebaño, que se duele por que los delincuentes actúan a la vista e impunemente, realiza una labor profética que nada tiene que ver con presentar escritos, llenar formularios o realizar trámites burocráticos.
Exigir a quien hace crítica social, que haga fila en la barandilla de la justicia humana para depositar su denuncia, es una cínica pretensión y un tormento peor que los sufridos por los Profetas de la Biblia.
