"Cosas veredes" advirtió el sabio don Quijote de la Mancha al buenazo y colmilludo Sancho Panza, aunque su aserto parece dirigido a todos los seres humanos de ayer, de hoy y de siempre, para que estemos alertas ante la engañosa conducta de los usufructuarios del poder, que los ha habido en todas las épocas.
No obstante el transcurso de cinco siglos y más desde esta advertencia aún leemos noticias que nos intrigan por la escasa justificación pública de los hechos que informan; en especial si sus objetivos se fraguaron en hermético sigilo para luego airearlos en público con inocultable satisfacción, cinismo y descaro.
No aludimos a cosas secretas que cada quien puede hacer a escondidas de los demás, siempre que no sea funcionario público, sino a las decisiones públicas que se acuerdan en privado y luego se anuncian con la voz meliflua y el fingido rostro redentor que asume cualquier líder del reducido grupo masculino y femenino de Gobierno que integran los partidos políticos en las dos cámaras del Poder Legislativo; o los cápites en los congresos estatales, los dirigentes del Instituto Federal Electoral, los consejeros en las instituciones protectoras de los derechos humanos, en los organismos que vigilan con precariedad, el ejercicio de las funciones oficiales, la información pública, la pertinencia jurídica y ética de las telecomunicaciones, etc. etc.
Estas instituciones y organismos suprasociales fueron prohijadas con buenas intenciones, pero la condescendencia de los poderes federales y aún de los locales, los contaminaron dotándoles generosos salarios y otros ingresos ubicados en las antípodas de los autorizados bajo el estándar general de modestia que se presumen tienen las nóminas oficiales.
Estas altísimas percepciones, se dice en las calles y en los cafés, se les asignaron con el fin de ganar las simpatías de quienes alguna vez pudieran convertirse en censores y acusadores de los gobernantes; pero este derroche ha creado amplios y profundos agujeros negros en las tesorerías federales y estatales y en ellos se esfuman los recursos económicos del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales.
Hace tiempo un diputado obtenía como salario lo mismo que percibía cualquier mediano funcionario del Poder Ejecutivo. Ahora éstos compiten con los de los organismos e instituciones ciudadanas en un dispendio público que no guarda proporcionalidad ni recibe la contraprestación laboral que justifique este excesivo gasto en beneficio del país.
Evidencia al canto: vea el anuncio hecho por el presidente del Instituto Federal Electoral sobre el reparto de 3 mil 600 millones de pesos, aprobados por la Cámara de Diputados, para que los tres principales partidos políticos y sus seis chiquirritines que andan oliendo el pastel, se den el gusto de jugar a la democracia electoral.
Esta semana se anunciaron los recursos económicos asignados a los siguientes recipiendarios: Al PAN mil nueve millones de pesos; al PRI 706 millones con 543 mil machacantes; al PRD 607 millones con 105 mil pesos; al PVEM 304 millones 87 mil pesos; al PT 287 millones con 963 mil pesos; al partido Convergencia le derraman 272 millones con 200 mil pesos; al "Panal" (de rica miel) 255 millones más 178 mil desvalorizados pesos y al Partido Social Demócrata una bolsa de 189 millones 967 mil de pesos.
La directiva del IFE dispondrá de la no despreciable cantidad de dos mil 731 millones con 629 mil 587 pesos para el financiamiento público de las actividades e inactividades ordinarias y permanentes de los consejeros, asesores y servidores burocráticos ¡atiza! y aún hay más: para los gastos de campaña serán destinados 819 millones 488 mil 876 pesos, y aparte costearán otras actividades relativas a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y tareas editoriales con 81 millones 948 mil 887 pesos.
Pero calma, esto no acaba todavía: suena a redundancia, pero de estas últimas cantidades se distribuirá el 30 por ciento a cada uno de los partidos representados en el Congreso de la Unión y el restante 70 por ciento se dará a los diputados por mayoría relativa de acuerdo al porcentaje total de votos que haya obtenido cada organización política en la anterior elección legislativa. El tope a gastar en las campañas políticas de los candidatos a diputados federales por mayoría relativa será de 812 mil 680 pesos. La suma de las partidas destaca lo que nos cuesta presumir a México como una democracia transparente y dinámica.
A los bancos trasnacionales les va a provocar apetito la cifra de cuatro mil millones de pesos citados, pues alegan estar al filo de la quiebra financiera. La suma luce para pelearse sobre cualquier "ring" jurisdiccional y ya vio usted: mucho más fue lo gastado por los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León para "salvar" a los bancos mexicanos después de las crisis de 1982 y 1994-95.
¿Cómo entender así que el presidente Calderón defienda su idea de blindaje económico?... ¿No ganaríamos más, o perderíamos menos, si quienes ahora se benefician al amparo de la democracia y de la civilidad ciudadana sacrifican un substancioso porcentaje de sus actuales ingresos para ayudar a las familias desempleadas en la crisis? La verdad es que esto el PAN no lo atiende y tampoco lo entiende
