Haciendo retroceder el tiempo remontemos a la década de los cincuenta cuando el entonces laureado Humberto Mariles, que había obtenido medalla de oro en competencia olímpica, montando su caballo llamado Arete, fue detenido en un aeropuerto de la ciudad lux llevando mercancía prohibida e internado en una prisión francesa. Por supuesto que no había Tratado, pero no fue necesario hacer gestiones para que nos lo regresaran pues uno de aquellos días, cuando se le instruían cargos, amaneció muerto en su celda, especulándose en los medios que había sido envenenado, a menos que su lengua estuviera verde por beber clorofila. Entonces fue trasladado a México en una caja mortuoria. Se murió y sanseacabó su proceso. El Gobierno mexicano de aquellos días no dijo ni esta boca es mía. Se dio por hecho que era culpable aun sin haber sentencia de por medio. Parece que llegaron a una conclusión: él se lo buscó, él se lo ganó, ¡sabía demasiado! Hubo una investigación que hicieron las autoridades de allá. Triste final para quien le había dado gloria y prez a su país.
Bien, tengo a la vista el Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, que fue adoptado en Estrasburgo, Francia, el 21 de Marzo de 1983. Teniendo en nuestras manos el clausulado, podemos comentar lo que honestamente nos parece procedente en el caso que ha levantado polvo en la opinión pública, habiendo quienes censuran el acuerdo de nombrar una comisión binacional, mientras otros hablan de vergüenza nacional, indicando que el Gobierno mexicano se plegó a un estatuto de privilegio, absolutamente inaceptable en el marco legal de nuestro país, se dice, impuesto por el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
Puedo afirmar categóricamente que no hay tal. Nada de lo que se ha dicho en la prensa, citando las declaraciones de dirigentes políticos o congresistas está, según mi modesto punto de vista, en lo correcto. En efecto, es cierto que la comisión para revisar no tiene razón de ser, pues el convenio al que se adhirió el Gobierno mexicano, que obliga a Francia y a México, es un Tratado que debe cumplirse sin mayores protocolos.
Es el Gobierno francés quien debería estar molesto, pues el retraso en la aplicación de ese convenio es diferirlo sin motivo evidente alguno.
La comisión binacional nombrada, no prevista en cláusula alguna del Convenio, no podrá modificar o revocar las condiciones que se concretan a que una persona, para cumplir la condena que se le haya impuesta pueda ser transportada, de territorio mexicano a territorio francés o viceversa. Se requiere tan sólo que la sentencia sea firme y el traslado solicitado.
Se trata de que el reo cumpla su sentencia en su medio social de origen, con el objetivo de lograr su rehabilitación social (¡hum!). Lo demás nos parece un chauvinismo recalcitrante, con el que se pretende poner en evidencia al presidente Calderón o revela la ignorancia de quienes han hecho ampulosas declaraciones, ansiosos de salir retratados en los medios. México no puede denegar la solicitud de traslado sin motivo fundado.
Al igual el Gobierno francés no podrá negarse, en el futuro, a trasladar a nuestro territorio a los mexicanos que habiendo sido sentenciados se encuentren purgando una sanción en las galeras galas.
De acuerdo con las normas que rigen el procedimiento penal los reos quedan a disposición del Ejecutivo una vez que se les impone la pena. Ha de estar el presidente Calderón mordiéndose los labios de desesperación por que nadie quiere entender que no le queda de otra más que cumplir con el compromiso contraído años atrás.
Diciéndose: no es posible que cada vez que pretendo cumplir con una obligación legal, derive en cerrada lluvia de críticas. Si algo habría que denunciar, en tal caso, es el Tratado.
Se aceptaron las condiciones de la convención, luego, no hay otra cosa qué hacer, que poner en la escalerilla de un avión a la persona de que se trate, a menos que surja un impedimento legal como sería el que estuviera compurgando los últimos seis meses de su condena, o que tuviera otro proceso en trámite por diverso delito, o algo parecido a estas hipótesis. En fin, son pavadas lo que dicen reputados personajes de la farándula política, de que el Gobierno de México concede trasladar a Florence Cassez, porque es de origen europeo.
