Si el presidente Felipe Calderón desea cambiar la supuesta distorsión informativa que existe en el extranjero sobre México, será conveniente que empiece por revisar la actuación de sus más cercanos colaboradores.
En otras palabras limpiar la casa por dentro y a profundidad.
La imagen que guarda México en el exterior es por demás lastimosa y preocupante. En unos cuantos años la fama de un país en plena transición política y económica cambió para ser considerado como uno de los más violentos e inseguros en el mundo.
El Gobierno de Estados Unidos comparó en días pasados el nivel de inseguridad y riesgo de México con el de Pakistán.
De acuerdo al Departamento de Defensa de Estados Unidos ambos países “son susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria la intervención de tropas estadounidenses ante la intensa actividad del narcotráfico y el crimen organizado”.
Imagine usted, una intervención armada a estas alturas como tantas ocurrieron en el siglo XIX cuando la ingobernabilidad del territorio mexicano era patética.
Para organismos defensores de la libertad de prensa, México ocupa el segundo lugar en número de muertes y ataques contra periodistas, sólo debajo de Irak.
En Latinoamérica el liderato en impunidad que por muchos años ostentó Colombia y anteriormente Brasil, fue superado desde hace un par de años por México.
La “colombianización” mexicana, tan temida por los gobernantes en el pasado, ha sido ampliamente rebasada.
En 2008 fueron 5 mil crímenes realizados en México, la mayoría de ellos relacionados con el narcotráfico. En este 2009 los números podrían ser todavía mayores.
Además se tienen reportes de cientos de secuestros, desapariciones y muertes de policías como parte de esta guerra sin cuartel entre autoridades y delincuentes.
Esta semana el Pentágono en Washington volvió a alertar sobre el crecimiento de la violencia en las fronteras mexicanas.
El almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, sostuvo que “hay una guerra entre los cárteles de la droga y otra entre el Gobierno y esas bandas”.
Hace pocos días en Mexicali fueron requisadas más de 500 mil balas para rifles de alto poder, propiedad del Cártel de Sinaloa y listas para ser distribuidas en México.
En tanto el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, explicó que la estrategia de capturar a los altos mandos del crimen organizado produjo una revuelta a nivel de los sicarios.
Su explicación es lógica, pero insuficiente para justificar lo que todos sabemos: que el narcotráfico convivió durante décadas con la autoridad y que ahora simplemente no quieren abandonar el negocio en donde también hay que sumar a dos importantes socios: los productores en Sudamérica y los compradores en Estados Unidos.
El asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia, Jorge Tello Peón, ofreció la semana pasada en San Diego un panorama errático y confuso de lo que sucede en México.
En su conferencia se esperaba un diagnóstico preciso junto a la estrategia que sigue el Gobierno para combatir al crimen. Pero el funcionario habló generalidades y de la pena de muerte dejando la impresión que no existe un rumbo definido en esta crucial batalla.
De nada servirá, pues, que el presidente Calderón exponga sus puntos de vista en Davos si sus colaboradores cercanos son incapaces de manejar públicamente tan escabroso tema. Y menos si existen dudas sobre la honorabilidad de los funcionarios como es el caso de García Luna.
No basta un discurso para cambiar la imagen de México, se requieren acciones más efectivas y comenzar otra vez por el principio, es decir limpiar la casa por dentro antes que la podredumbre y la corrosión se apodere del Gobierno mexicano.
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