La defensa de Gómez Urrutia solicitó a través de amparo, como una estrategia dilatoria, la reposición de los procedimientos judiciales. (Archivo)
El juez 32 Penal del Distrito Federal libró una nueva orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia, ex dirigente del sindicato minero, por el delito de administración fraudulenta en contra de trabajadores mineros, quienes aseguran que fueron perjudicados por el desvío y malversación de los 55 millones de dólares de un fideicomiso minero.
La cuarta orden de aprehensión en contra del líder minero se otorgó de manera definitiva luego de un proceso de amparos y de que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitiera su resolución.
En esta, el tribunal ordenó al juez "purgar los vicios de fundamentación y motivación" para que se pronuncie de nuevo sobre la posible orden de aprehensión.
Lo anterior después de que en varias ocasiones la defensa de Gómez Urrutia solicitó a través de amparo, como una estrategia dilatoria, la reposición de los procedimientos judiciales.
En este marco, el juez 32 Penal emitió en forma definitiva la orden de aprehensión por el delito de administración fraudulenta, que podría ser incorporada al expediente del proceso de extradición que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene en marcha para que Gómez Urrutia sea traído a México de Vancouver, Canadá, donde se encuentra.
Esa resolución se publicó en la página de Internet del juzgado y es consistente con la resolución que confirmó la orden de aprehensión en febrero de 2009 contra Héctor Félix Estrella, quien era tesorero del sindicato y coludido.
Gómez Urrutia tiene pendientes otras tres órdenes de aprehensión, entre ellas una por delincuencia organizada y otra por violación a la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, originada por la denuncia del desvío de los 55 millones de dólares.
En ese caso, el titular del fideicomiso, Juan Linares Montufar, quien era integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato y Gregorio Pérez Romo, quien también participó en la disolución del fideicomiso y la distribución de los 55 millones de dólares, ya se encuentran presos en diferentes reclusorios del Distrito Federal por los delitos de administración fraudulenta y asociación delictuosa.
