Candados. El pasado 12 de mayo la Corte invalidó la reforma a la Constitución de Coahuila, que le daba al Instituto Electoral local la facultad de verificar el cumplimiento de las promesas de los partidos. ARCHIVO
MÉXICO, DF.- Las promesas que los partidos hacen durante las campañas electorales no son verificadas por autoridad alguna, y una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia prácticamente hace imposible esta opción.
La Corte invalidó el 12 de mayo una reforma a la Constitución de Coahuila, que le daba al instituto electoral local la facultad de verificar el cumplimiento de las promesas de los partidos, en lo que fue el primer pronunciamiento del máximo tribunal sobre el tema.
Chiapas es el único estado que cuenta con un órgano que se dedica a esta función, entre otras razones, porque la reforma que lo creó no fue impugnada ante la Corte.
Se trata de la Comisión de Fiscalización Electoral, que debe revisar que las promesas se ajusten a las plataformas electorales, e integrar un archivo público que permita verificar el cumplimiento.
El Congreso de la Unión, en tanto, no ha dado trámite a una iniciativa para reformar el Artículo 27 del Cofipe, presentada en diciembre pasado por el diputado panista Luis Rodríguez Ahumada, que por lo menos obligaría a los partidos a explicitar los beneficios que derivan de sus promesas.
En la Corte, sólo el ministro presidente Guillermo Ortiz y su colega Olga Sánchez Cordero apoyaron la reforma de Coahuila, que obligaba a los candidatos a entregar por escrito sus compromisos de campaña al instituto estatal, a incorporarlos a su plan de Gobierno, y a una verificación anual de su cumplimiento.
"Advierto que esta medida es de gran avance para la auténtica democracia nacional, lejos de tener tintes de llegar a contaminar la buena factura y el buen quehacer del Instituto Estatal Electoral, creo que puede ser una palanca de compromisos auténticos", expuso Ortiz.
Pero nueve ministros afirmaron que darle esta facultad a un instituto electoral equivale a "desnaturalizar" su función, que es la de organizar los comicios, y que la norma era poco precisa.
"Yo sinceramente pienso que dadas las características del ser humano sería muy fácil que los institutos electorales perdieran la imparcialidad, se convirtieran en especies de autoridades supremas que van a decir si se están cumpliendo o no con los compromisos de campaña, y esto de pronto los colocaría en la lucha política", sostuvo el ministro Mariano Azuela.
La propuesta del panista Rodríguez Ahumada, en tanto, no haría al IFE un vigilante del cumplimiento de compromisos, pero obligaría a los partidos a explicitar los beneficios concretos que tendrían para el electorado por las promesas incluidas en las plataformas que cada partido registra oficialmente.
"Las campañas electorales en la actualidad se componen de un sin fin de elementos que les permiten a los candidatos allegarse del poder, mediante estratagemas que tienen que ver con la credibilidad y la confianza de las personas que sufragan a favor de tal o cual candidato", dice la iniciativa.
El legislador ejemplificó con la promesa del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que en su campaña de 2006 habló de construir un tren bala del DF a Tijuana. Ese proyecto, según Rodríguez, era tan difícil y costoso que "hubiera afectado gravemente la economía nacional".
