L A violencia que, desde hace años, asuela al país está generando una cultura más próxima al fascismo que a la democracia, más proclive a la exclusión que a la inclusión, a la resta que a la suma.
Ese peligro es evidente y los políticos se están haciendo de la vista gorda y, con ello, cómplices de quienes criminalizan la pobreza y de quienes piensan que el combate al crimen es un mero asunto de capacidad de fuego.
Son políticos de derecha, centro o izquierda ilusionados con la idea de eliminar la pobreza a como dé lugar y acabar con el crimen a partir de la sola acción policial sin respaldo en una auténtica política social.
No les dice nada el deterioro de la convivencia pacífica y civilizada, y así abren de par en par la puerta a prácticas fascistoides que, a la postre, terminarán por arrastrar al país a un mayor estado de descomposición.
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Los últimos días subrayaron ese peligro. Se supo de "la limpieza social" que se practica con los marginados que han hecho de la calle su mejor hogar y "afean" con su presencia las ciudades.
Se supo de diversos intentos de linchamiento en distintas comunidades que, hartas de la impunidad criminal y la corrupción policial, están tentadas por la idea de hacerse justicia por propia mano.
Y se supo del creciente número de sicarios y criminales muertos en refriegas con la Policía Federal y el Ejército que, de pronto, causan la impresión de reducir el número de detenidos.
No faltará quien considere que no pueden correlacionarse esos fenómenos, aun cuando tengan por denominador común el de la violencia. La realidad, sin embargo, es dura: se está gestando una cultura de corte fascistoide.
De no frenar esa tendencia, cada vez será más difícil rescatar los principios de civilidad que deben normar la relación entre los ciudadanos y reivindicar a la democracia y el Estado de Derecho como un sistema de vida.
No en vano, en la selección de los 10 grandes sucesos de este año, el sitio web de la revista Time (http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1945379_1944421_1944386,00.html) colocó en el octavo lugar a "Mexico's Bloody Drug War", detrás de la situación prevaleciente en Pakistán o Afganistán.
La reseña de esa guerra destaca no lo ganado, sino lo perdido: el número de muertos, la corrupción de las policías y las Fuerzas Armadas y, desde luego, la posibilidad de que México sea un Estado fallido.
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Poco a poco, la violencia criminal ha ido creando una base social. Sin trabajo, sin empleo, sin educación, sin salud, a los profesionales del crimen se les facilita constituir sus ejércitos con quienes han sido marginados, despreciados o expulsados del Estado de bienestar.
Varios avisos de esa circunstancia hubo este año. Los "encapuchados" que bloquearon una y otra vez distintas arterias de Monterrey constituyeron una alerta.
En esos marginados, el crimen encontró mano de obra barata para desarticular esa metrópoli y colocar contra la pared a las autoridades que, por un lado, resentían la presión de quienes no podían transitar con libertad y, por otro lado, no querían cargar contra "los manifestantes" que, en el fondo y aun al servicio del crimen, son producto de la política económica y social que los desconsidera.
Ése fue un aviso, pero el mayor de ellos se registró en Michoacán.
Si antes a los grupos criminales se les identificaba por el radio geográfico de su operación -El Cártel del Golfo, El Cártel de Juárez, El Cártel del Pacífico, etcétera-, ahora La Familia Michoacana introdujo, como su propia denominación lo indica, un "valor" para identificarse. Ya no es el lugar donde opera, sino el valor con que disfraza su actuación: identificar a un grupo criminal como "La Familia" habla del afán de darle una connotación positiva a una actividad criminal.
Hay un cambio cualitativo en la estrategia criminal que, por lo visto, busca legitimar socialmente su actividad sobre la base de ofrecer a la gente aquello que el Estado le niega o regatea.
Si el Gobierno Federal no entiende que detrás del combate armado del crimen es menester llevar empleo, educación, salud, su derrota será cantada.
Podrá aumentar el sueldo de policías y militares, podrá apertrecharlos mejor, pero si no mejora, en paralelo o detrás de la acción policial, las condiciones de vida de la población donde el crimen opera, la espiral de violencia crecerá.
Algunos militares de alto grado reconocen eso: si detrás del Ejército no van los maestros, los médicos y los empleadores difícilmente se reconquistará el territorio perdido.
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El evidente fracaso del combate al crimen no deja las cosas como estaban, las empeora. Las empeora porque, frente a la ineficacia del Estado, la impunidad de los criminales y la corrupción de las policías, cobra fuerza la idea de aplicar políticas de eliminación o de "limpieza" al margen de la ley.
La práctica del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, de eliminar a los criminales para crear "burbujas" de seguridad, el levantamiento de indigentes para "readaptarlos" a partir de su esclavitud y acabar así con los pobres de la calle o la tentación popular de linchar en caliente a quien cometa un delito evidencian una profunda desesperación que, en su expresión, impulsa a la barbarie y no al derecho.
La reacción de los políticos frente a esas expresiones ha sido lamentable. Se han asociado a esas expresiones o, al tolerarlas, las fomentan.
El mismo Andrés Manuel López Obrador, a pesar de su discurso a favor de los pobres, los criminalizó con el programa "tolerancia cero"; Felipe Calderón, en su afán de legitimarse en el poder, no midió las consecuencias de la cruzada policial-militar que emprendió y no se ve dispuesto a plantear una estrategia; y más de un gobernador priista ha caído en el juego de la indiferencia.
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Levantar y esclavizar a los pobres, por el "delito" de serlo; pretender acabar con los criminales, a partir de un principio de persecución policial-militar sin desarrollar una política social y abatir los índices de impunidad; dejar que las víctimas de la delincuencia linchen a su presunto victimario alimentan la espiral de la violencia que, en su extremo, alentará prácticas fascistoides.
Esas prácticas nada tienen que ver con el Estado de Derecho, la seguridad pública, el bienestar social y la democracia. Más bien perfilan la violencia y la venganza, la eliminación y la exclusión como una forma de relacionarse. ¿Es ésa la propuesta de nuestros políticos?
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