Convocatoria. Un ciudadano hondureño muestra en Tegucigalpa un anuncio de la convocatoria para la consulta popular de hoy que pretende promover una reforma constitucional en el país. El gobernante Partido Liberal pidió ayer a los hondureños no participar en la consulta convocada por el presidente Manuel Zelaya y denunció que el mandatario pretende continuar en el poder. AP
Partido de Zelaya también pide a hondureños no participar en la consulta.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Líderes de diferentes sectores instaron a los hondureños a quedarse en casa y no participar en la consulta que el presidente Manuel Zelaya tiene previsto realizar hoy para impulsar reformas constitucionales en Honduras, por considerarlas ilegales.
"No apoyamos eso porque es ilegal", dijo Elvin Santos, candidato presidencial del oficialista Partido Liberal, de Zelaya, a la cadena local de radio HRN. ¿Quién distribuyó los materiales y quién contará los votos? Sencillamente lo hará la gente del Gobierno".
"Entonces, no hay ninguna credibilidad ni trasparencia. Se dice que debemos votar por miedo al Gobierno, pero ¡por Dios Santo!, los liberales no tenemos miedo, sólo queremos que no se atente contra nuestros principios democráticos", añadió.
Advirtió que "él (Zelaya) se está quedando huérfano del apoyo popular y del apoyo de los liberales... y eso es peligrosísimo para un presidente".
Santos participará en las elecciones generales de noviembre.
También, el jefe de la Comisión de Campaña del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Marlon Lara, aseguró en declaraciones a una radio local que "detrás de todo eso hay un anhelo de continuismo" de Zelaya, que su colectivo rechaza, y también denunció el amaño de la consulta.
El comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, sostuvo que "aquí hay un circo político en el cual podemos escoger entre ser espectadores, payasos o fieras. Por eso, recomiendo a la gente sensata ser simples espectadores... y el único responsable de cualquier cosa que suceda es Zelaya".
El obispo auxiliar de Tegucigalpa, monseñor Darwin Andino, dijo a Radio América que "la Iglesia Católica y todo cristiano no respaldan la ilegítima consulta del Gobierno por ser inaceptable, y en el que está la mano del presidente (venezolano Hugo) Chávez".
Para Zelaya, con la consulta se logrará una "democracia participativa, no sólo representativa" que cambiaría el sistema político imperante en Honduras "que sólo defiende a los poderosos, los ricos y los banqueros y es un obstáculo para la democracia".
Por negarse a cooperar en su proyecto destituyó el jueves al máximo jefe militar, general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia por igual motivo del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. Sin embargo, la Corte Suprema y el Congreso restituyeron al oficial.
El fiscal general, Luis Rubí, informó que "esa encuesta no debe llevarse a cabo, es ilegal. En consecuencia, aplicaremos sanciones a quien participe en ella. Si se consuma la infracción, se encausará a los servidores públicos por abuso de autoridad y desobedecer la Ley".
Entre tanto, el Congreso postergó para el martes la sesión en la que conocerá el informe de una comisión especial de cinco miembros sobre la capacidad mental y administrativa de Zelaya, que constituye el primer paso para un posible relevo del mandatario.
Pero en una reciente rueda de prensa, el gobernante aseguró que el plan para declararlo incompetente "ya se conjuró... y estaba coordinado por el Congreso y las Fuerzas Armadas".
La consulta la prohíbe la Constitución de 1982 porque no la supervisa el Tribunal Supremo Electoral, el único organismo estatal para hacerlo. También es rechazada por la Corte Suprema, la fiscalía general, el Congreso, la procuraduría general.
La Constitución establece el delito de traición, con penas de 15 a 20 años en prisión, a los que la violen.
