Controversia. El Senado de la República presentó ante la Corte una Controversia Constitucional contra el Gobierno Federal, por el caso de Banamex, y otros bancos mexicanos. ARCHIVO
El Senado demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al presidente Felipe Calderón y al secretario de Hacienda, Agustín Cartens, por permitir la participación de gobiernos extranjeros en los bancos mexicanos y, en particular, en el caso de Banamex.
En el juicio de controversia constitucional que suscribió el Senado también se demandó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al Banco de México (Banxico), por estimar que ambas instituciones no acataron las leyes emitidas por el Congreso de la Unión que las obligan a vigilar y evitar que este tipo situaciones se presenten en el país.
La demanda fue presentada ayer por la tarde por el secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Horacio Duarte; el director de controversias del Senado, Leonardo Contreras, y el abogado Pedro Nava Malagón, quien fuera el titular del área de juicios de controversias constitucionales de la Corte y quien fue contratado por los legisladores para encabezar el equipo jurídico que lleva este caso.
En el documento que entregaron ante la Corte los senadores alegan que el presidente de la República se extralimitó y ejerció facultades que no tiene, y que sólo le competen al Congreso, al avalar que gobiernos extranjeros participen en el capital social de instituciones o agrupaciones financieras que operan en México.
Los legisladores acudieron ante el máximo tribunal del país por considerar que el titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), violó la Constitución al no respetar la prohibición que estableció el Congreso, en particular en el Artículo 13 de Ley de Instituciones de Crédito para que los gobiernos extranjeros no puedan ser dueños de bancos que operan en México.
En el caso de la CNBV, los legisladores afirman en su demanda que no cumplió con sus obligaciones de supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección a los intereses del público usuario.
Mientras que el Banxico incumplió con su obligación de regular el tipo de cambio, la intermediación de la moneda y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo la referida regulación y proveer a su observancia.
La discusión en torno a este caso inició a finales de marzo cuando el Gobierno de Estados Unidos, como parte del rescate financiero que realizó en su país, adquirió parte de Citigroup, que a su vez es propietaria de Banamex.
Con esta medida, en la práctica, el Gobierno de Estados Unidos obtuvo también una participación en Banamex, por lo que los legisladores le pidieron a la Secretaría de Hacienda que interviniera para evitar esta situación.
Sin embargo, Hacienda avaló la medida, por lo que los senadores decidieron promover un juicio de controversia constitucional, pero no sólo por el caso Banamex, por estimar que otros bancos también se encuentran en esta misma situación.
